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Una grave denuncia contra las Farc hizo este viernes el Ejército Nacional en la que señala a guerrilleros del Frente 32 del Bloque Sur de usar escuelas en Putumayo para reclutar a menores de edad, esconder explosivos y difundir propaganda subversiva.
Según la Sexta División del Ejército, tras una operación contra esa estructura las tropas encontraron un video en el que aparece un guerrillero armado, alias “Colombino”, quien enseña armamento a los estudiantes de la escuela de la vereda Puerto Bello, en zona rural de Puerto Caicedo.
El insurgente afirma en uno de los apartes “tenemos aquí las granadas de 120 milímetros de fabricación nuestra del frente 32 y los explosivos que usamos para las granadas y los morteros que pueden son para largo alcance”.
Aunque no se conoce la fecha en la que fue grabado el video, al final del mismo, el supuesto guerrillero afirma que “esto es general ahora que ya se terminó la tregua que decidieron los camaradas del secretariado”. Las Farc dieron por terminada la tregua unilateral el pasado 22 de mayo.
En las imágenes no se observan menores de edad, pero se pueden ver los dibujos y carteleras hechas por los estudiantes y los letreros coloridos y un aviso de biblioteca.
De acuerdo con los altos mando militares de la Brigada de Selva N.27, alias “Colombino” es cabecilla de las redes de apoyo del frente 32 con 14 años de pertenencia.
El general Alfonso Vacca Torres, comandante de esa brigada, afirmó que el material incautado evidencia como las Farc usan escuelas rurales para guardar explosivos, armamento e impartir instrucciones terroristas para atentados contra municipios de la región. Es una acción en contra del Derecho Internacional Humanitario y para evadir la ofensiva de las tropas y actuar así contra la población del Putumayo”.
Adicional al video encontrado, se hallaron panfletos que, según la comunidad, distribuyeron miembros del Bloque Sur. En estos se lee “te invitamos a ingresar a las Farc” y “Jóvenes compañeros y compañeras... llegó la hora que tu hagas parte de esta lucha”.
La semana pasada las autoridades habían denunciado al grupo insurgente por usar las viviendas de los campesinos como escondite para impedir las operaciones militares.
Tras el fin de la tregua el pasado 22 de mayo, la guerrilla arreció sus ataques contra las tropas y la infraestructura económica (oleoductos, torres, vías), pero también ha cometido cerca de 30 ataques considerados violatorios del Derecho Internacional Humanitario por sus efectos directos contra la población civil.
Entre estos están derrames intencionales de crudo que contaminan ríos que surten acueductos como en Tibú y Puerto Asís, ataques a buses de pasajeros en Antioquia y voladuras de torres de energía en Buenaventura y Tumaco, así como explosiones en distintos municipios que dejaron civiles heridos.