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Secuestro: metamorfosis de un delito que sigue vivo
Dejan de existir las Farc como guerrilla, pero otros grupos lo ven como fuente de recursos.
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Imagen de marcha contra el secuestro. Foto: Henry Agudelo Cano
07 de enero de 2019
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El secuestro, en los últimos 60 años, ha dejado 37.165 víctimas en 31.021 hechos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), lo que demuestra que es un tema que ha estado en la agenda criminal del país desde que se tienen registros del conflicto. Un delito que es perpetrado por guerrilleros, delincuencia común y bandas criminales.
Es un hecho que las cifras han bajado, pero también es cierto que no ha sido erradicado en su totalidad, lo cual mantiene las alarmas. El año pasado, según las cifras entregadas por la Policía, fueron 195 casos y hasta octubre de 2018, el saldo era de 148.
Una reducción significativa si se tiene en cuenta que, a juicio del CNMH en periodo de “escalamiento” (1990-1995) se dieron 4.354, 870 en promedio por año. Más preocupante es la denominada época de “masificación” (1996 - 2000) con 13.548, más de 1.000 por año.
No es un fenómeno exclusivo de Colombia. En México, según Human Rights Watch, en 2018 “más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en secuestros”.
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La naturaleza de este delito ha cambiado, ya no se dan secuestros políticos como los que realizaban las Farc, cuando se llevó a los 11 diputados del Valle, que fueron asesinados, quedando solo con vida Sigifredo López. O el secuestro del avión de Avianca en el que viajaban congresistas, lo que ocasionó la suspensión de los diálogos del Caguán, en el mandato de Andrés Pastrana.
Los móviles son otros, por ejemplo, es que el 13 de noviembre pasado, en Cocorná (Antioquia), una familia fue secuestrada por un grupo de delincuencia común. Su liberación fue rápida, pues el rapto tardó solo cinco horas en ser resuelto gracias a la acción de las Fuerzas Militares. Se trató de un secuestro extorsivo, no había intereses políticos, tampoco una organización guerrillera detrás del hecho. Fue un delito aislado.
En este caso, las autoridades tuvieron el éxito que difícilmente se lograba en épocas pasadas, cuando los secuestros eran extensos y las autoridades no tenían grupos de reacción inmediata.
El director del Gaula de la Policía, general Fernando Murillo, le manifestó a EL COLOMBIANO que en conjunto con el Gaula Militar y autoridades de la zona se implementó un “plan candado” que consistió en cerrar, con retenes y vigilancia, las vías de escape de los delincuentes, para ubicar a los tres integrantes de la familia y capturar a la banda.
La historia de Cocorná es apenas una muestra de que el fenómeno sigue presente y que, como si se tratara de un producto que dejó de usarse por grandes estructuras guerrilleras, ahora son las bandas criminales y la llamada delincuencia común las que se encargan de “potenciar”. Aunque analistas aseguran que siempre lo han hecho, solo que con otro tipo de estrategias, como negociarlos con los grupos guerrilleros. Las bandas secuestraban y se los entregaban, por dinero, armas o droga, a las guerrillas.
De los plagios ejecutados hasta octubre de 2018, según el Gaula, 112 son responsabilidad de bandas criminales y delincuencia común, mientras que los otros 36 son adjudicados al Eln y a disidencias de las Farc.
¿Por qué?
El año que más generó alerta en Colombia fue el 2000, pues según el Gaula de la Policía, “se evidenció la época más crítica para el país, en relación a la comisión de plagios, llegando a una cifra de 3.572 hechos denunciados”, es decir, en promedio se registraron 9,8 casos diarios.
Ese panorama, hace 18 años, llevó a las autoridades a diseñar e implementar estrategias que permitieran reducir las cifras en un 90 %. Sin embargo, María Consuelo Jauregui, exdirectora de la Fundación País Libre –organización que por 25 años se dedicó a visibilizar el secuestro– señala que no es nuevo que la delincuencia común y las llamadas bandas criminales sean responsables.
Las cifras respaldan lo planteado por Jauregui, pues entre los autores, se destaca que las guerrillas cometieron 26.108; los paramilitares, 3.752; grupos disientes, 373 casos; y los demás fueron perpetrados por “bandolerismo”, grupos armados no identificados y delincuencia común (ver infografía).
El general Murillo, del Gaula, es claro en asegurar que aunque el secuestro se ha controlado, aún sigue siendo un problema de “especial preocupación”. Ha mutado y no hay un perfil definido de las víctimas para que “los delincuentes” cometan el plagio, se fijan en el nivel socioeconómico, por ejemplo, pero no es la única motivación.
Dice Murillo que “en el pasado era más fácil de determinar. Se registraban secuestros extorsivos, para obligar a la familia del secuestrado a entregar dinero. Los políticos, como sucedió en la época más fuerte del conflicto, en la que fueron protagonistas las llamadas “pescas milagrosas” –retenes ilegales de las guerrillas en las carreteras–, las motivaciones eran más evidentes”.
El Código Penal establece que el secuestro no solo se constituye cuando hay una retención que busca una retribución económica, sino cuando se impide su libre movilización. Además, dicen los artículos 168 y 169 del Código, las penas van desde 10 hasta 20 años de cárcel.
Nuevos protagonistas
De acuerdo con el alto oficial, las bandas criminales y la delincuencia común son los actores que siguen dándole “vida” a este delito, pues lo usan como método de financiación para seguir delinquiendo, especialmente en las zonas de dónde salieron las Farc. Sin embargo, una guerrilla sigue con esta práctica: el Eln. En los últimos dos años ha sido responsable de 44 casos, lo que ha bloqueado la posibilidad de una negociación de paz con el Gobierno (ver Paréntesis).
Según explica el Gaula, Cauca, con disidencias de las Farc; Nariño con grupos residuales y delincuencia común; Norte de Santander y Arauca, con el Eln, son los puntos más “calientes” frente a este delito. No obstante, el comportamiento histórico ha sido diferente. El CNMH reporta que en los últimos sesenta años, el 72,9 % de los secuestros se ha concentrado en 209 municipios, desde La Guajira, hasta Vaupés, para dimensionar la magnitud de este fenómeno.
“En esas zonas estamos enfocándonos en prevenir. Hay que resaltar que el 90 % de los secuestros son responsabilidad de delincuencia común en la actualidad”, resalta Murillo, al destacar que el otro 10 % se adjudica a los grupos guerrilleros como el Eln o las disidencias de las Farc.
No obstante, hay que recordar que es tal el poder de estas bandas que incluso han logrado vínculos con policías activos y retirados. Así sucedió en Antioquia donde ha operado una organización de secuestradores, compuesta por unas 24 personas, conocida como los Magníficos, de la que han capturado nueve uniformados, como lo reveló Fiscalía 18 Especializada ante el Gaula, en octubre pasado. Su único interés, la extorsión a personas de alto perfil.
De acuerdo con el coronel (r) Jhon Marulanda, analista internacional en seguridad y defensa, tiene una estrecha relación la ausencia del Estado, que no ocupó los lugares que eran dominados por las Farc tras lograr el Acuerdo que se firmó hace dos años. Versión respaldada por el exsecuestrado y hoy representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, quien señala que “el Estado debe redoblar esfuerzos para reducir esas acciones”, que, de una u otra manera, también están ligadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
Puntos comunes
Jauregui, aunque destaca que no es nuevo que las bandas criminales y la delincuencia común secuestren, señala que ahora lo hacen con mayor frecuencia, pues no hay un grupo armado más poderoso en ese negocio en la actualidad.
Este delito, aunque ha tenido una reducción drástica que refleja la importancia del Acuerdo de paz con la Farc y el cerco al Eln, pero se mantiene vigente, planteando nuevos retos para la fuerza pública, pues el combate contra los autores ya no se da contra grupos armados, sino contra pequeñas organizaciones, difíciles de identificar, que en ocasiones “tercerizan” el delito. Atrás quedaron los intereses políticos, ahora, el asunto es solo extorsivo.
3.572
secuestros se registraron en el año 2000 en el país, según el Gaula.
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