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Las 288 cámaras de seguridad que tiene hoy el Municipio y las cerca de 35 que hacen parte del sistema de fotomultas se conectarán a otras 1.300 cámaras de vigilancia privada, entre octubre y diciembre de este año, a fin de consolidar una red integrada al servicio de la ciudad.
El anuncio lo hizo ayer el secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau, durante un agitado debate en el Concejo, en el que se cuestionó la legalidad de las cámaras de movilidad y la efectividad del proceso de pedagogía adelantado con los ciudadanos.
"Serán 1.500 cámaras conectadas a un centro de la más alta tecnología lo que permitirá hacer monitoreo, mejorar la administración de los recursos de Policía y los tiempos de respuesta", aseguró Palau.
Este Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, que será inaugurado el próximo 24 de octubre, estará conectado al de fotomultas, logrando así el fortalecimiento de ambas estrategias.
El Secretario de Gobierno dijo que se espera que la iniciativa contribuya también a disminuir el número de delitos de alto impacto y a una judicialización más rápida de los criminales.
Por su parte, Jesús María Ramírez, gerente de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), indicó que se trata de un importante salto tecnológico.
"Son equipos de última generación que van a articular varios subsistemas: el de emergencias médicas, el de atención de llamadas y el de movilidad", subrayó.
Ramírez explicó que dentro de la estrategia, que cuenta con una inversión cercana a los 32.000 millones de pesos, habrá un circuito cerrado de televisión con cámaras renovadas de transmisión inalámbrica.
Unos 200 policías serán capacitados para fortalecer la respuesta y la atención de emergencias.
Fotomultas ilegales
Ya en el debate sobre las fotomultas, los corporados les pidieron a los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y de Gobierno hacer una detallada exposición del sistema inteligente de transporte que se viene implementando, al igual que de los listados de los contratistas que han intervenido en el montaje del mismo y el impacto de las cámaras de vigilancia en el manejo de la seguridad.
El supuesto incumplimiento de la normatividad nacional en la implementación de las fotomultas y la necesidad de fortalecer la pedagogía entre los ciudadanos, fueron las principales conclusiones derivadas del debate.
Y es que aunque los corporados coincidieron en que las cámaras son una herramienta de control importante, cuestionaron el hecho de que las certificaciones aportadas por UNE y la Secretaría de Transportes y Tránsito sólo se refieran a los temas de calibración y que fueran entregadas por una empresa brasilera sin pasar por el control metrológico de la Superintendencia de Industria y Comercio, única entidad autorizada en el país para el tema.
Al respecto, el secretario de Transportes y Tránsito de Medellín, Rafael Nanclares reiteró que se trata de un sistema serio y transparente que cumple con todas las normas lo que lo convierte en un modelo para el país.
"No es aceptable que se esté en contra de las fotomultas porque es una herramienta para salvar vidas", concluyó Nanclares.