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En un parqueadero del búnker de la Fiscalía están amontonados 62 vehículos que la Alcaldía donó hace más de un año con el dinero de los medellinenses, suponiendo que serían destinados de manera inmediata para operar en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, pasa el tiempo y los automotores, que deberían estar sirviendo a los funcionarios en sus operativos, desplazamientos y tareas de vigilancia, permanecen a la sombra en el patio taller del edificio del barrio Caribe, por falta de la documentación reglamentaria.
La situación no solo causa asombro entre las autoridades, sino frustración en los propios servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el organismo de la Fiscalía con funciones de policía judicial.
"Es que a nosotros nos mata el centralismo", cuenta un agente del grupo, quien al igual que otros ocho colegas consultados por este diario, solicita la reserva de su identidad por miedo a un traslado o perder su empleo.
De acuerdo con estos funcionarios, el parque automotor "represado" está compuesto por motos Yamaha y Honda, taxis (para labores de espionaje), camionetas 4x4 Chevrolet y Mazda, y automóviles de marcas Renault y Hyundai.
El inventario incluye un laboratorio móvil (necromóvil) de $63 millones para las tareas de inspección a cadáver. Al igual que los anteriores, esta camioneta Mazda 2.500 diesel BT50, adaptada con un furgón para albergar los cuerpos de las víctimas, ni siquiera tiene la placa respectiva instalada.
Donaciones
Las últimas dos donaciones grandes de vehículos que recibieron la Fiscalía y el CTI se dieron durante las administraciones de Alonso Salazar y Aníbal Gaviria.
En el caso del primero, el acto de entrega se oficializó el 24 de noviembre de 2011. De acuerdo con el comunicado oficial de la Administración, "la Alcaldía entregará a la Fiscalía General de la Nación bienes por $5.000 millones como parte de la estrategia de cooperación institucional para la prevención de las violencias".
La donación constaba de aparatos de comunicación y tecnológicos, así como un parque automotor, destinados para el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas), el CTI Seccional Medellín, el Centro de Investigación contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) y la Unidad contra las Bandas Criminales.
En el pasado cuatrienio (2008 a 2011), la inversión de la Administración Municipal para fortalecer a la Fiscalía llegó a los $6.897 millones.
La siguiente donación de vehículos se oficializó el 19 de julio de 2012, en un acto público presidido por el alcalde Gaviria en la plazoleta de La Alpujarra. Por valor superior a $2.000 millones de pesos, dijo el burgomaestre, se entregaron 38 vehículos e insumos tecnológicos en apoyo al CTI.
De estas últimas dos donaciones principalmente, harían parte las motos y automotores que, 18 y 10 meses después, respectivamente, no se han estrenado.
Según la Secretaría de Seguridad, desde 2012 la Alcaldía ha invertido 12.385 millones 93.617 pesos en solo vehículos para la Fuerza Pública; de esos, 2.757 millones 980.902 pesos fueron destinados a la Fiscalía y el CTI.
Sorpresa
"Si esto se está presentando, es preocupante", dice sorprendido Arnulfo Serna, secretario de Seguridad, observando las fotos de los vehículos estacionados sin las placas.
El funcionario, quien fue exdirector de Fiscalías de la ciudad, agrega: "la regla para que los organismos de policía judicial se presenten a la Secretaría reclamando apoyo es porque supuestamente necesitan de manera rápida esos medios. Y si estos bienes están prácticamente tirados, abandonados en los parqueaderos, habrá que establecer las investigaciones para determinar qué está pasando".
La desazón de Serna también se debe a que presenció, a mediados de la semana anterior, el desplazamiento de unas 60 familias del sector La Loma del corregimiento San Cristóbal (06/5/13), y en las tareas subsiguientes constató que "en la Unidad de Desplazamiento y Desaparición Forzada de la Fiscalía hay 14 investigadores y 9 fiscales que manejan 9.000 investigaciones de delitos de lesa humanidad, y apenas tienen un vehículo".
Juan Felipe Palau, secretario de Gobierno en el mandato de Salazar, tampoco sabía de la situación.
"Estoy sorprendido, nunca supe que no los estuvieran usando (los vehículos)", comenta.
Serna y Palau coinciden en que la modalidad con la que se entregan esos recursos es la donación, en la cual la Alcaldía no queda vinculada con los bienes después del acto y el beneficiario debe vincular lo recibido a su inventario general y póliza de riesgos.
"La matrícula y los demás trámites los hace cada entidad receptora, porque todos tienen regímenes especiales con condiciones diferentes", acota Palau.
Los agentes del CTI cuentan que los vehículos en cuestión no tienen los documentos de tránsito al día. "Eso le toca autorizarlo a la Dirección desde Bogotá, pero se han dormido con eso", cuenta uno de ellos.
Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, expresa: "Eso es increíble, si en verdad es así, si es presupuesto de los medellinenses para la seguridad y dotar a la justicia de transporte efectivo, me parece que es un descuido administrativo que raya hasta con el prevaricato".
A renglón seguido, hace énfasis en que la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía Seccional en Medellín y Antioquia ha tenido cuatro directores en los últimos dos años.
Por una deuda
La nueva directora de dicha dependencia, Graciela Yáñez, lleva apenas dos meses en el cargo. "Cuando llegué encontré ese problema que tenemos de carros represados, es a nivel nacional", asegura.
La funcionaria promete que esta semana le llegarán las placas de 40 vehículos: "ya el Ministerio de Transporte las aprobó, aspiramos ponerlos a rodar la próxima semana".
Sobre los 22 restantes, comenta que dentro de un mes estaría listo el proceso.
"Como son tantos a nivel nacional y es un trámite largo y dispendioso, no esperamos que se dé de un día para otro".
Yáñez argumenta que la demora para estrenar los bienes donados se debe a una deuda de la Fiscalía General de la Nación con el Ministerio de Transporte.
"Debemos una cantidad en comparendos y eso no se había puesto al día y demoró la expedición de las placas para los carros. Ese proyecto lo está adelantando el Nivel Central en Bogotá, ya está andando".
Entre tanto, varios investigadores manifiestan estar trabajando con las uñas por la escasez de recursos.
"Hemos tenido que pedir guantes prestados a la Sijín para las diligencias, también reactivos químicos, porque no hay suficientes", confiesan.
"Hay empleados que están haciendo ‘vaca’ para echarles gasolina a los carros, faltan elementos de seguridad industrial para hacer levantamientos de cadáveres sin que el funcionario esté expuesto a enfermedades", denuncia Otálvaro, líder del sindicato de la rama.
Los agentes dicen que las cuotas, que aportan por iniciativa propia, van de $7.000 a $10.000 mensuales para esos gastos de caja menor.
Las quejas, pese a todo, al parecer no han llegado a oídos de la directora Administrativa, quien reitera que está adelantando los contratos para las dotaciones y "nunca he oído que aquí alguien ponga plata de su bolsillo para esas cosas".