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HISTÓRICO
Lucha contra terrorismo, indeclinable
Gloria Luz Gómez Ochoa | Publicado
En la instalación del último periodo legislativo del Congreso el presidente Álvaro Uribe Vélez destacó los logros en materia económica, la seguridad democrática, la inversión social y valoró de manera especial el acuerdo militar con E.U.

"Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social", dijo el presidente Uribe al inicio de su discurso.

Respecto al tema de seguridad el Primer Mandatario resaltó que ésta no ha sido una guerra a expensas de la política social, "todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales", resaltó el Mandatario.

Aquí algunos apartes de lo más destacado del discurso presidencial.

"La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.

Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico.

Las víctimas reclaman, se han registrado 240.000, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil.

En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.

Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas.

La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados.

La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los ministros y comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.

Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50.000 integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.

El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11.000 que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2.000 en alfabetización. En 2008, más de 7.000 acudieron a formarse en el Sena. En el campo laboral contamos con 16.000 en trabajos estables, pero 70 por ciento en actividades informales.

Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.

Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.

El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. Al programa Familias en Acción han ingresado 340.000 familias desplazadas. No obstante, 700.000 personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza.

Confianza inversionista
Nuestro país necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14 por ciento del PIB a porcentajes entre el 24 y el 28 por ciento. Aún en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25 por ciento del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2.000 millones de dólares anuales a cifras de 8.000, 9.028, 10.564. A cierre de junio acumulaba 4.149, con un 11.9 por ciento de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.

A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8 por ciento en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10 por ciento de visitantes internacionales que pasaron de 578.000 a 638.000.

Situación fiscal
Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48 por ciento del PIB al 22 por ciento y el déficit en el gobierno central del 6.5 por ciento al 2.34 por ciento, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.

Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años. Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos.

La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio. Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.

Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.

Empleo
El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo.

Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad. Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos.

El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del Icbf.

Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión, de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.

Política social
La política social se erige en el gran validador de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, a su vez depende del marco de prosperidad que estas dos construyan. Además de los recursos asignados a desplazados, víctimas y desmovilizados, las coberturas sociales se han incrementado notablemente. En la medida que los programas, con excepción de la atención de ancianos, apuntan a crear condiciones de equidad distributiva, forman una estrategia estructural que trasciende lo meramente asistencial.

Educación
La cobertura de educación básica estaba en el 78 por ciento, ahora se aproxima al 100 por ciento. Se gradúan cerca de 650.000 bachilleres, antes lo hacían poco más de 400.000. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con los nuevos cupos técnicos y tecnológicos del Sena estaremos superando el número de 1.700.000. El Icetex financiaba 60.000 estudiantes, 300.000 es su nueva meta después de haber llegado a 250.000.

El liderazgo del Sena es de reconocimiento internacional en formación vocacional, en técnicas y tecnológicas. Capacitaba a 1.100.000 colombianos y este año llega a 6 millones.

La aprobación en el Congreso de los programas y recursos para gratuidad educativa y Familias en Acción ha sido definitiva para aumentar la cobertura, disminuir la deserción y fomentar la expectativa cierta de completar los ciclos. La gratuidad apoya a 5 millones de niños y en Familias en Acción se han inscrito más de 2.700.000 familias.

Salud
El país va hacia la meta de plena cobertura en salud, 41 millones de colombianos tienen cupo en el sistema de aseguramiento. No hemos cerrado un solo hospital, varios centenares han sido reestructurados, faltan muchos. Exploramos opciones para acelerar la costosa nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo.

Reconocemos problemas subsistentes en calidad y faltantes de financiación, especialmente en los departamentos, cuyas soluciones estamos trabajando.

Acuerdo con E.U.
El terrorismo y los violentos son cadenas de esclavitud aún no rotas en su totalidad, financiadas por el narcotráfico. Por eso el acuerdo con los Estados Unidos de América para erradicarlos por siempre.

El acuerdo con los Estados Unidos se enmarca en los convenios bilaterales con ese país y en las convenciones de las cuales ambos, Colombia y Estados Unidos, son signatarios. Su propósito es la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas. Incluye la posibilidad de ampliar la cooperación regional y mundial contra estos flagelos en virtud de la responsabilidad compartida.

El desarrollo del acuerdo procedería en cada actividad con la autorización del Gobierno de Colombia y por mutuo consentimiento.

El acuerdo será regido por principios como la igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros Estados. Para su cumplimiento se permitirá a los Estados Unidos el uso y acceso limitado a instalaciones de bases militares colombianas.

Para respetar los principios de jurisdicción nacional sobre personal militar y soberanía del territorio, se estudia un procedimiento para que la inmunidad no sea impunidad.

El acuerdo es para fortalecer bases militares colombianas no para abrir bases norteamericanas.

Al finalizar la Guerra de los Mil Días, en 1902, el país entró en una especie de temporada de paz, que fue truncada por el estallido de la violencia partidista en los años cuarenta de la anterior centuria. Superada por el advenimiento del Frente Nacional, irrumpieron las guerrillas marxistas, años después transformadas en mercenarios del narcotráfico. Llegó con igual crueldad la reacción paramilitar, que también desembocó en el narcotráfico.

Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía, muchos son los riesgos y amenazas que todavía nos acechan para dejar atrás esta violencia que ha afectado a tantas generaciones.

Los violentos practican terrorismo y sangre en Colombia e intentan hacer política en el extranjero. Asesinan y pretenden interferir las relaciones exteriores del país.

Los Estados Unidos nos han ayudado de manera respetuosa y práctica en el Plan Colombia. Nada ganamos con voces de solidaridad y pésame de la comunidad internacional mientras la sangre se derrama aquí. La cooperación debe ser efectiva y no simbólica.

El terrorismo debe quedar notificado que no nos va a engañar con falsos nacionalismos, improcedentes en nuestra era de crimen internacional.

El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción sino un imperativo.

El terrorismo debe quedar notificado que el abandono de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la negociación de buena fe y el sometimiento a la ley, no es una posibilidad a criterio y capricho de los terroristas, sino una exigencia del pueblo.

El servicio a Colombia es una determinación irrenunciable en procura del bienestar de las nuevas generaciones. El servicio a Colombia no es un trabajo de cálculo político. En una de sus epístolas, el Apóstol nos dice: "Si el sonido que emite la trompeta es incierto y débil, ¿quién acudirá al campo de batalla?".
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