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Con un fallo modulado, la Corte Constitucional le daría al Gobierno Nacional la posibilidad de sacar adelante el Acuerdo de cooperación militar suscrito con Estados Unidos y que el magistrado Jorge Iván Palacio pidió declarar inexequible.
El proyecto de ponencia que se dio a conocer ayer, establece que como el acuerdo contempla la posibilidad de que tropas extranjeras pasen por territorio nacional, debería haber hecho trámite en el Congreso.
La necesidad de este trámite había sido descartada por el Ejecutivo que en varias audiencias públicas aseguró que se trataba de un acuerdo complementario de otros vigentes y por lo tanto, no era necesario el visto bueno del legislativo.
Sin embargo, la puerta para que militares y contratistas estadounidenses puedan utilizar las bases de Palanquero, Malambo y Apiay; el centro de entrenamiento del Ejército en Nilo, Cundinamarca (Base de Tolemaida); el fuerte militar de Larandia, en Florencia; y las bases de la Armada en Cartagena y Bahía Málaga (Valle), quedó abierta.
El magistrado Palacio propuso que se dé un año para que el acuerdo haga trámite en el Congreso y mientras tanto puede seguir operando.
Es cuestión de interpretación
Para el analista político, Rafael Nieto, hay un asunto de interpretación que se fundamenta en los tipos de tratados internacionales.
En este caso, recordó, el Gobierno insistió que se trataba de un acuerdo simplificado. Es decir, un acuerdo que servía de desarrollo a otro existente.
"Es difícil sostener en un caso como este que el Gobierno esté en una posición incorrecta. Hay unos elementos que podrían hacer de este un tratado distinto que era lo que tenía el Gobierno. Es complejo decir que se equivocó, hay una lectura distinta. El magistrado considera que sí hubo un tratado nuevo", señaló Nieto.
A esto se suma un ingrediente adicional y es que al mandatario electo Juan Manuel Santos será a quien le toque sacar adelante el convenio que lideró como Ministro de Defensa, afirmó Nieto.
También destacó la aplicación modulada de los fallos, porque si se da una suspensión inmediata del convenio "generaría un daño irreparable. Además, le da al Gobierno un año para que arregle la situación".
Convenio demandando
Dos aspectos del acuerdo han sido cuestionados por organismos defensores de derechos humanos y dieron pie a demandas de inexequibilidad: la inmunidad ofrecida a los militares y contratistas estadounidenses que cometieran delitos en el país y la autorización para el tránsito de tropas.
Una de ellas fue interpuesta ante la Corte Constitucional el 8 de abril, por cinco organizaciones sociales. Según su vocera Lilia Solano, el acuerdo no solo violaba la soberanía nacional sino que había pasado por encima de la Constitución que establece que siempre que se haga un convenio que implique el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional este debe hacer trámite en el Congreso.
Ayer, al enterarse de la ponencia negativa del magistrado Palacio, aseguró que así se podría solucionar error del Gobierno que habría querido "pasar por encima" de la normatividad vigente.
Pero esta no fue la única demanda. Luis Carlos Bonilla, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, también había presentado una demanda ante el Consejo de Estado, por considerar que se entregaba la administración de justicia al otorgar inmunidad a extranjeros.
La demanda fue negada por el Consejo por considerar que como había emitido un concepto desfavorable a su firma, podría haber un prejuicio.
El 13 de octubre de 2009, en cumplimiento de la Constitución, ese tribunal advirtió que el acuerdo debería "tramitarse mediante ley y permitir la revisión de la Corte Constitucional". Su concepto no era vinculante para el Gobierno.