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Después de cuatro años de iniciado el proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía hizo un balance en el que destaca millares de delitos confesados, cuerpos exhumados y verdades dolorosas para el país. Pero esos resultados no absuelven este juicio a los victimarios de la polémica, las críticas y los problemas jurídicos.
Según el informe consolidado a agosto de 2009 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los 3.854 postulados han realizado 1.867 versiones libres y sólo cinco han terminado la confesión de delitos.
El balance indica que los postulados, entre ellos 3.722 ex miembros de los diferentes bloques de las Auc, y 132 que pertenecían a las guerrillas (Farc, Epl, Erp, Eln, Erg), han enunciado 24.005 homicidios y han confesado 8.154. También han citado ante fiscales 2.047 desapariciones forzadas, de las cuales confesaron 1.095.
Otro avance que desataca la Fiscalía es la exhumación de 2.492 cuerpos. Se han entregado 581 restos a sus familiares y 708 están a la espera de ser identificados.
Para el fiscal Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, a pesar de todos sus problemas, este proceso se salva "porque permitió iniciar la reparación a las víctimas por primera vez en el país y reveló además miles de homicidios, masacres que la justicia ordinaria era incapaz de resolver y cientos que ni siquiera se conocían. Estaban condenados a la impunidad y hoy son juzgados", indicó González.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) defiende el proceso, pero no desconoce falencias y el reclamo de las víctimas de los grupos armados ilegales.
Según su presidente, Eduardo Pizarro, "el balance es agridulce, pero no inesperado para tal magnitud de crímenes y víctimas. Hoy se avanza en reparación integral a las víctimas, porque sin la reparación administrativa, pasarían muchos años mientras se resuelva el proceso judicial, que es lento. Este año repararemos 12.000 víctimas y en 2010 serán 18.000".
El talón de aquiles de la ley, agrega Pizarro, es la restitución de bienes, en especial tierras, que apenas este año comenzó con la entrega de 105 predios usurpados en Urabá. Unos 20 reclamantes de tierras han sido asesinados en el proceso.
Los reparos
Sin embargo, un sector de víctimas y defensores de derechos humanos es radical en sus críticas al proceso.
"Justicia y Paz no garantiza la verdad, que es la principal exigencia de las víctimas, se limita a lo que digan los ex paramilitares, porque el aparato judicial es lento y sin recursos. Y la extradición condenó a la impunidad miles de crímenes y la verdad sobre nexos del paramilitarismo con autoridades y clase dirigente", asegura Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Los problemas jurídicos también han retrasado el avance del proceso y, según La Fiscalía y la CNRR, es la razón para que solo exista una condena contra un ex paramilitar (Wilson Salazar, alias "El Loro"), fallo que luego fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados de los ex jefes paramilitares también advierten sobre las "trabas jurídicos". "Con la sentencia que impide imputaciones parciales pueden pasar 20 años sin que los postulados terminen de confesar", asegura un abogado del equipo de defensa de Salvatore Mancuso, extraditado a E.U.