Al Buen Pastor le falta una oveja: la comunidad vecina

Líderes de la comuna 12 esperan que antes de que el Concejo de Medellín tome una decisión que permita que los predios de la desaparecida Cárcel de Mujeres del Buen Pastor se conviertan en un complejo urbanístico, se escuchen sus puntos de vista sobre la que sería esa nueva centralidad urbana.

La edificación está ubicada en un lote de más 55.000 metros cuadrados y es propiedad de las monjas de la Fundación Buen Pastor, interesadas en vender el predio.

Pero todo depende de si se aprueba este sábado el proyecto de acuerdo, presentado por la anterior administración, para que se suprima la clasificación del predio como de uso obligado, convertirlo en uno de actividad múltiple zonal y permitir el desarrollo de otras actividades como vivienda, comercio y servicios.

La idea es consolidar allí una centralidad natural que se viene conformando hace algunos años en el corredor de San Juan: la estación del metro, que recibe la gente del cable, el desarrollo del bulevar de la 99, la biblioteca de San Javier y el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo), y otros más antiguos como el colegio Samuel Barrientos Restrepo y el cementerio de La América.

Sin embargo, el proyecto, que ya pasó el primer debate, dejó una rueda suelta que podría atajar su avance: la comunidad.

Según el vicepresidente de la Junta Administradora Local de la comuna 12, Jaime Ramírez, este proyecto no se ha socializado con la comunidad y por eso van a solicitar en la plenaria que se aplace el debate.

"Incluso, inicialmente lo estaban ubicando en la comuna 13, cuando el terreno hace parte de Campo Alegre, un sector de Santa Mónica", indicó Ramírez, quien agregó que en esas obligaciones urbanísticas se debe tener en cuenta las necesidades de la comuna 12, "por cierto muy olvidada en las últimas administraciones".

No obstante, para el concejal Santiago Martínez la iniciativa también nace como una forma de resarcirles a las monjas de la Fundación el servicio social que le prestaron a la ciudad por cerca de 100 años.

Advierte Martínez que el proyecto condiciona el cambio de uso a unas obligaciones urbanísticas en el mismo entorno: vías públicas y cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento.

La propuesta, según el concejal Carlos Bayer, por generar un impacto tan alto en esta zona de la ciudad debe ser producto de un proceso participativo que permita a las comunidades afectadas prever hacia dónde va el desarrollo de la zona.