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"La rapacidad travestida de desprendimiento". El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, se apoya en esta frase del escritor Fernando Vallejo para describir el juego de billonarios intereses económicos que giran alrededor de la reforma de la salud, que actualmente se debate en el Congreso de la República.
Ya en sus propias palabras, el funcionario sostiene que los actores en juego acuden al altruismo para disfrazar sus propios intereses.
Usted reconoce que hay dificultades con la reforma de la salud y quiere transmitir un mensaje de urgencia. ¿Por qué?
"Más que mensaje de urgencia, lo que he querido transmitir es un sentido de urgencia. Los problemas de la salud son graves. Algunos no dan espera. La reforma contempla una serie de artículos que permiten lidiar con las deudas del sistema y facilitan el fortalecimiento patrimonial de algunos actores necesarios. Sin reforma, sin los instrumentos allí contemplados, será más difícil enfrentar lo que he llamado una gran quiebra sectorial. La reforma también aborda los problemas estructurales del sector, la escasez de especialistas, la formalización de los trabajadores de los hospitales públicos, los altos costos de transacción y los deficientes flujos de información y de recursos, etc".
¿Es cierto que sin reforma los hospitales públicos se quebrarían en marzo o abril de 2014?
"Sobre los hospitales públicos, estamos analizando sus condiciones financieras con el Ministerio de Hacienda. La reforma libera recursos que pueden ser muy útiles para sacar adelante las reestructuraciones requeridas. Anticipándonos a la reforma, hemos puesto en marcha una serie de medidas como la compra de cartera".
¿Quienes tratan de hundir la reforma y quiénes la quieren salvar?
"La economía política de la reforma a la salud es complicada. Todo el mundo quiere la plata. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) quieren manejar los recursos directamente. Los hospitales privados quieren que les giren sin hacer muchas preguntas desde un gran fondo único. Los hospitales públicos aspiran a tener un flujo permanente de recursos sin ninguna competencia. Las entidades territoriales quieren autonomía con plata ("quiérame mucho, pero déjeme solo"). Las universidades no quieren competencia en la formación de especialistas, quieren seguir cobrando sus matrículas. Los trabajadores de la salud aspiran a volver a un pasado problemático de generosas convenciones colectivas. En fin. Todos disfrazan su interés de propósitos altruistas. Por estos días me gusta citar una frase de Fernando Vallejo, "la rapacidad travestida de desprendimiento". La reforma no busca darle gusto a ningún agente particular. La reforma intenta alinear los incentivos con el bienestar general. Es una reforma para la gente, no para los agentes. Por eso no hay muchos agentes contentos".
¿Qué tan crítico es el tema de la integración vertical en estas discusiones?
"La propuesta de Salud Mía, de un fondo estatal que maneje los recursos, no tiene marcha atrás, es uno de los puntos clave de la reforma. El tema de la integración vertical es importante, es un asunto regulatorio clave, pero no puede ser el centro de la reforma. El tema concita mucha atención porque tiene grandes implicaciones redistributivas, decide en buena medida quién se queda con la mayor tajada de los excedentes del sector".