No hay duda que se 'calienta' no sólo la frontera entre Colombia y Venezuela -con hechos como el asesinato de un grupo de colombianos en el vecino país, o el asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional venezolana por pistoleros no identificados-, sino también el conjunto de las relaciones, afortunadamente manteniendo las relaciones diplomáticas normales -que ojalá continúen en ese nivel a pesar de las diferencias y tensiones-.
Es conocido que hay diferencias políticas e ideológicas entre los dos gobiernos actuales de Colombia y Venezuela. El gobierno de Álvaro Uribe ha apostado todo su proyecto estratégico a la derrota de la guerrilla -considerada la principal amenaza de seguridad, especialmente las Farc- con su política de seguridad democrática y una alianza sólida con Estados Unidos. El gobierno de Hugo Chávez, dentro de un proceso progresivo de radicalización política, ha considerado en su nueva doctrina de seguridad y defensa a Estados Unidos como su principal amenaza y contempla una guerra con USA como una posibilidad real y ha fortalecido su relación con Cuba y demás países del Alba, como una alianza estratégica.
En principio estas diferencias políticas no deberían ser causa de fricciones entre los gobiernos, más cuando se trata de vecinos con una histórica relación de intercambio comercial, economías complementarias y una frontera amplia, con poblaciones que comparten familias, amigos y mutuas relaciones de intercambio. Pero la carencia de unas sólidas relaciones institucionales y su tendencia a la personalización en cabeza de los presidentes respectivos y no precisamente en manos de las cancillerías, ha hecho que las diferencias políticas de sus proyectos afecten las relaciones bilaterales. Adicionalmente recordamos temas de controversia binacional no resueltos, como la delimitación de aguas marinas y submarinas, que llevó a finales de los 80 al más grave incidente entre una corbeta colombiana y naves venezolanas en el golfo de Coquivacoa o de Venezuela.
Pero se han venido ahondando las desconfianzas entre los dos gobiernos. Dentro de ese marco, se han venido presentando una serie de incidentes en los últimos años que no han hecho nada distinto que volver más polarizadas las relaciones. El gobierno de Uribe parece sospechar de cierta connivencia o tolerancia -incluso de apoyo de miembros del gobierno venezolano- con miembros de la guerrilla colombiana que considera el gobierno colombiano se han refugiado en el vecino país. El gobierno Chávez considera que el gobierno colombiano, al ser el aliado de Estados Unidos en los Andes, podría ser una pieza estratégica para una eventual acción desestabilizadora norteamericana contra Venezuela. A esto se suma la suspicacia que le ha generado a Chávez el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos dentro del cual se pueden utilizar siete bases colombianas por aviones, navíos o miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En ese contexto, lo que normalmente los países hacen a través de diversos mecanismos, que es hacer inteligencia sobre sus vecinos u otros países estratégicos, se tiende a confundir con actividades de espionaje.
Todo indica que hay necesidad de analizar la situación con cabeza fría y no con calenturientas posiciones de fuerza, como parece ser la tendencia en ciertos sectores de opinión. Es el momento de acudir a mecanismos diplomáticos y aún eventualmente de terceros amigables para bajarle la temperatura a las relaciones diplomáticas.
No porque no existan embajadores, claro que los hay y sin duda con muchas capacidades, pero ellos están en medio del huracán de incidentes y seguramente haciendo todos los esfuerzos para superarlos de la mejor manera, pero se trata de crear condiciones para que al más alto nivel se puedan identificar los temas de controversia y definir un procedimiento para abordarlos.
No es de utilidad sumarse a voces intransigentes que acentúan la polarización, sino llamar, sin ingenuidades, a abordar las dificultades entre gobiernos soberanos.
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