viernes
7 y 9
7 y 9
El Grupo Argos dijo este jueves que entregará casi 7.000 hectáreas de tierras en el norte de Colombia, para que sean cultivadas por campesinos tras una eventual firma de la paz con la guerrilla, en medio de la incertidumbre generada por una ley de restitución de terrenos a víctimas del conflicto.
Las leyes sobre cómo indemnizar a las víctimas del conflicto de más de cinco décadas, así como un acuerdo parcial sobre la tenencia de tierras en las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Gobierno, han generado incertidumbre entre los empresarios.
El presidente de Grupo Argos, José Alberto Vélez, admitió que la cesión de tierras se realizará, en parte, porque existe la posibilidad de que sean reclamadas en el futuro por antiguos propietarios desplazados por grupos ilegales armados en medio del conflicto.
Las tierras donadas están ubicadas en Montes de María, una región del norte del país azotada durante años por disputas territoriales entre guerrilleros y paramilitares, que cometieron masacres y provocaron el desplazamiento de miles de personas.
El Congreso colombiano aprobó en el 2011 una ley para indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno y devolver las tierras de quienes fueros expulsados por los grupos ilegales desde 1985.
Pero la ley, que tendrá vigencia hasta el 2021, al mismo tiempo se convirtió en un foco de incertidumbre entre los inversionistas en el sector agroindustrial, debido a la alta posibilidad de reclamos por algunos de los más de cinco millones de desplazados que ha dejado el conflicto.
A ello se suman los acuerdos relacionados con la tenencia de la tierra que negocian actualmente el Gobierno y las Farc para lograr la paz.
"Aquí Argos simplemente dice, en esa zona va a ser muy difícil establecer un programa agroindustrial de gran envergadura y más bien vamos a propiciar que familias campesinas puedan tener acceso a tierra, a medios de producción y acceso a los ingresos derivados de esa producción", explicó Vélez.
Argos entregará las tierras a una fundación que se encargará de adjudicarlas a unas 600 familias campesinas y dispondrá además de un capital por 12 años para proyectos agrícolas.