De tiempo atrás las relaciones entre los actores de las cadenas agropecuarias y agroindustriales han sido poco armónicas; sin embargo, lo que hoy acontece se da en un escenario diametralmente diferente al de otras épocas, pues ahora el mismo está dominado por la globalización, la competencia férrea y la apertura creciente al comercio internacional.
Con la firma y la puesta en marcha de los tratados de libre comercio, Colombia ha ido adquiriendo distintos compromisos de desgravación arancelaria, lo que va de la mano de la apertura del mercado interno a la producción proveniente de las contrapartes.
Sin embargo, el tratamiento que han recibido aquellos productos y cadenas denominadas sensibles ha sido bastante favorable, pues los períodos de desgravación son largos en el tiempo (15 a 20 años) y los niveles arancelarios se mantienen altos durante buena parte de dichos períodos. Esto determina que el sector primario agropecuario mantenga buenos niveles de protección por períodos razonablemente largos.
Como la agroindustria se abastece de materias primas nacionales y foráneas y debe competir con la producción proveniente de otros países o lo debe hacer en los mercados de exportación, la alta protección interna encarece los costos de compra y les resta competitividad en los mercados.
De esta forma, en un escenario de mayor apertura comercial y frente a unos mercados altamente competidos se hacen más evidentes los intereses encontrados entre los eslabones de las cadenas agropecuarias. En otras palabras, lo que se presenta es un choque entre dos concepciones y dos modelos de desarrollo sectoriales, el uno basado en rentas y privilegios y el otro, en eficiencia y competitividad.
Mientras los sectores primarios quieren conservar, por el mayor período de tiempo, una agricultura basada en protecciones, subsidios y apoyos, los sectores agroindustriales se ven forzados a desarrollarse sobre la base de unas importaciones y unas compras internas a precios competitivos con los cuales puedan enfrentar la competencia externa.
En la medida en que no se establezcan políticas e instituciones que alivien la tensión y armonicen los intereses, las fricciones no sólo se mantendrán sino que, muy seguramente, se exacerbarán a medida que los acuerdos comerciales firmados vayan entrando en vigencia.
En este sentido, el Gobierno debe revisar sus instrumentos de política y aclarar la dirección que le quiere imprimir al desarrollo productivo del sector agropecuario, pues cualquier decisión que se adopte respecto a los bienes importables involucra, por necesidad, no sólo a la agroindustria, sino que, por vía de los precios relativos y los incentivos que se generan, impacta a los bienes exportables y, entre estos, muy especialmente a los promisorios de exportación, los que, en teoría, deberían ser de los más favorecidos con los acuerdos comerciales y con la reducción de los niveles de protección a los productos importables.
Adicionalmente, es necesario que se creen instancias gubernamentales que faciliten la armonización de las políticas comerciales y de apoyo a los sectores agrícolas y agroindustriales, al tiempo que promuevan el diálogo entre los diferentes eslabones de las cadenas agropecuarias.
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