Arriendo social, otra apuesta de Comfama

La caja de compensación familiar de Antioquia (Comfama) le salió adelante a la aspiración del Gobierno de ofrecer desde este año el modelo de arrendamiento con opción de compra, como alternativa para que las familias de bajos ingresos puedan tener su techo propio.

Mientras avanza la reglamentación de la alternativa prevista en la Ley de Vivienda, de junio pasado, Comfama construyó su propio programa de Arrendamiento Social. Para ello sumó aliados privados como entidades financieras, grandes constructoras y proveedores del sector vivienda, así como la participación del Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la voluntad de entidades del Gobierno asociadas al sector.

La idea es consolidar costos más bajos para impulsar soluciones de vivienda que lleguen a hogares que pagan arriendo y no les alcanza la plata para una cuota inicial de un crédito o la posibilidad de tener un ahorro programado y postularse a un subsidio de la caja o el Gobierno.

Y tendrá el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, a través del programa Oportunidades para la Mayoría (OPM), le aprobó un crédito de 10 millones de dólares (unos 18.000 millones de pesos).

Los dineros llegarán a Comfama en unos dos meses. Entre tanto, la caja ya avanza en un piloto que comprende 100 soluciones Urabá y 300 más en el Valle de Aburrá, aunque la meta es poder ampliar la opción de arrendamiento social a por lo menos 10.000 familias en el mediano plazo.

El modelo en que Comfama trabaja desde hace tres años ofrece la posibilidad de que el beneficiario tenga tres años para que en la renta que pague por la vivienda sume la cuota inicial requerida para tramitar un crédito con una entidad financiera.

Esta iniciativa fue evaluada y reconocida por el BID como un proyecto de innovación social que también busca promover en otros países de Centroamérica. A esa región viajarán directivos de Comfama para compartir la experiencia en programas de vivienda y emprendimiento. También se reunirán con sus empresas afiliadas multilatinas, como EPM, Argos y Nutresa, para evaluar de qué manera sus trabajadores en el exterior pueden acceder a los servicios de compensación familiar.