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La conmemoración del día de las víctimas en el país fue opacado por el asesinato de Adán Bernardo Quinto, un campesino que, según la Asociación Tierra y Vida, acompañó procesos de restitución en Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, y que ayer en la mañana fue asesinado por sicarios cuando salió a comprar un yogur para su hija.
Desde la asociación rechazaron el homicidio del líder campesino y su director nacional, Carlos Páez, aseguró que a Quinto le cambiaron el esquema de seguridad, razón por la cual se hizo más vulnerable al ataque de los que querían asesinarlo.
"El Gobierno lo abandona para que lo asesinen. (...) La Unidad Nacional de Protección no tiene idea de cuándo una persona está amenazada y protege a quienes no tienen amenazas y deja solos a los que sí las tienen", dijo Páez.
Sin vínculos con restitución
Aunque desde la Fundación Forjando Futuros también relacionan a Adán Quintero con procesos de restitución, desde la Unidad de Tierras en Urabá señalaron que el líder no tenía conexiones con procesos de restitución de tierras.
Cesar Acosta, director de esta unidad, aseveró que el labriego asesinado era un líder de comunidades desplazadas y realizaba acompañamientos enfocados a la reparación de las víctimas del conflicto.
"Hay una situación de miedo con las víctimas que no quieren reclamar porque tienen la sensación de que a todo el mundo lo están matando. Él fue un líder de las comunidades negras de Cacarica y ha estado acompañando unas comunidades de la cuenca Las Balsas que se desplazaron en enero hasta Turbo", aseveró Acosta.
Piden más atención
Uno de los anuncios que más preocupó a las asociaciones de víctimas en el país fue el anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos al aseverar que el Estado no tiene capacidad para atender simultáneamente a todos los afectados por el conflicto. "No se puede reparar todos los casos de un día para otro", manifestó Santos.
Por esta razón, Birleyda Ballesteros, integrante de la mesa de Víctimas de Urabá, expresó que todas aquellas personas que han sufrido las acciones de los grupos armados siguen esperando una reparación integral para hablar de reconciliación. "Si a nosotros no nos reconocen todos los beneficios que nos competen por ley, nadie con hambre perdona a nadie", precisó.
Igual petición realizó Juver Martínez Giraldo, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, quien expresó que hay un descontento de las víctimas frente a las reparaciones que no llegan. "Dos años después de implementada la ley solo se han reparado 320 mil personas. Es una cifra baja".
El conflicto armado ha dejado en el país 6.231.617 víctimas, de las cuales 1.267.769 han sido aportadas por el conflicto vivido en territorio antioqueño.