
La institucionalidad colombiana ha optado por arrojar al excomisionado de Paz a la trituradora procesal penal. Tal vez otro país democrático le ofrezca una protección que su país le niega.
Luis Carlos Restrepo, excomisionado nacional para la Paz, es requerido por la Fiscalía General de la Nación, con orden de captura por medio, para comparecer ante la Justicia y responder por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, peculado por apropiación, y fabricación, tráfico y porte de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Es decir, es perseguido por la clase de delitos por los que deberían responder, exactamente, los jefes e integrantes de grupos criminales. No les falta a los fiscales sino imputarle homicidio y delitos de lesa humanidad. Y sabiendo el estado actual de cosas, no sería extraño que le hagan extensiva una responsabilidad penal equivalente a la coautoría por todos los crímenes atribuidos a los grupos ilegales con los que, como Comisionado de Paz, tuvo que tratar y dialogar.
Que la Fiscalía haya asumido su caso con esa premura, prioridad, interés evidente y por sobre otros procesos acuciantes de verdaderos delincuentes de profesión, ¿indica la imparcialidad de nuestra Justicia? ¿La independencia de poderes? ¿La vigencia de la igualdad de la ley para todos los ciudadanos?
La finalidad del procesamiento al doctor Restrepo no parece obedecer a ninguna de esas altas aspiraciones. Él mismo, desde mucho antes de sentir sobre sus hombros la "trituradora" procesal penal que le ha puesto una losa a su dignidad de luchador por la paz, había advertido repetidamente lo que finalmente vino a suceder.
Con los principales capos del paramilitarismo extraditados a Estados Unidos por sus constantes burlas e incumplimientos a los acuerdos logrados de buena fe en Ralito, que el excomisionado de Paz pudiera ser víctima de una venganza criminal era absolutamente factible. Es más, incluso esperable.
Sin embargo, lejos de sentir amparo institucional, derivado de un sano consenso político para precaver los riesgos y amenazas contra un trabajador de un tema de Estado (¡la paz!), al excomisionado lo han arrojado a los leones.
Si bien no mediante las tretas delincuenciales urdidas desde cárceles norteamericanas o desde despachos jurídicos en Colombia, algunos representantes de la institucionalidad se han unido a la estrategia de linchamiento. El mismo lenguaje utilizado para atacar al procesado indica un odio y un ánimo de venganza y rencor político que desdicen mucho del sentido de Estado que deberían asumir.
Paralelamente, los Ministros del Interior y de Justicia recitan un libreto formal de respeto a la justicia y acatamiento a los mandatos judiciales. Lejos de nuestro ánimo objetar el respeto institucional y el obedecimiento a las órdenes legítimas de un poder judicial imparcial y -valga la tautología- justo.
Esa misma ley, entendiendo como parte de nuestro corpus constitucional los instrumentos internacionales de protección diplomática, legitiman al doctor Restrepo a buscar resguardo y asilo. Un país democrático podrá suministrarle el amparo que su propio país le niega.
Colombia lleva años intentando construir un destino de paz. Toda la mejor voluntad de sucesivos Gobiernos, con crasos errores, por supuesto, ha confluido en diálogos y negociaciones que, de un modo u otro, han aliviado la posibilidad latente de una realidad social inmanejable. Pero el mensaje, ahora, es que quien se "deje el pellejo" en ese empeño, será tratado como un criminal.
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Es muy cierto que el doctor Restrepo estaba trabajando en bien de la paz del país, pero si cometió irregularidades tan grandes como aceptar una falsa desmovilización, no sólo él, sino todos los que tuvieron que ver con el asunto, deben recibir la correspondiente sanción penal. Al igual que doña María del Pilar Hurtado, el doctor Restrepo violó la ley, y en consecuencia, debe atenerse a las consecuencias y afrontarlas, no salir huyendo como lo hizo la ya mencionada señora.
En este país no se puede aplicar el dicho "el que nada debe nada teme". Muchos inocentes han sido asesinados por equivocación o porque les tocó ver un crimen, y para no dejar testigos los matan también. Si hubo fraude en la desmovilización, la culpa es de los que se presentaron o de las personas que hicieron los trámites para la presentación. Estos debieron investigar si en verdad reunían los requisitos. El alto Comisionado no tenía esa función. ¿Por qué se fue del País? Porque aquí la gente honorable no tiene garantías con una justicia amañada. ¿Por qué no se ha investigado a algunos de la Honorable Corte por los nexos con el mafioso italiano?
Es otro de los altos funcionarios del pasado gobierno, al igual que la mayoría de ellos, duramente cuestionado, al igual que la mayoría de ellos, fuertemente defendido por El Colombiano antes de empezar la etapa probatoria del proceso. Con el primer pronunciamiento de la Fiscalía, atacó sacando a relucir un delito del marido de la Fiscal, que había ocultado por seis años a pesar de tener la obligación, como ciudadano y como funcionario de denunciarlo, es la primera señal de inmoralidad, luego no atiende requerimientos del ente acusador a algunas audiencias y por último se fuga para el exterior con paradero desconocido. Hasta ahora todos los funcionarios acusados del pasado mandato han sido encontrados culpables, no parece saña, parece una política del anterior gobernante y hoy todo se esta aclarando.
Francamente no sé en qué pais estamos, parece que aquí las leyes son al revés, como es posible que el comisionado de paz tenga que huir de su país como el peor de los asesinos, ladrón o terrorista?, lo unico que hizo fué ayudar en un proseso de paz que entre otras cosas, por lo menos fué mejor que lo que nunca hicieron en otros gobiernos. Todo esto es resultado de la envidia y odio que algunas personas le tienen al Dr. Alvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido el país en su historia, hombres como El no vendrán hasta dentro de muchos años. Falta sino que hagan lo mismo con el Dr. Uribe. Todas esas gentes son unos cobardes, infames, desagradecidos. Donde iremos a parar? y los delicuentes tan rampantes. Porque no investigan asesinatos como los de Luis Carlos Galán, Alvaro Gomez Hurtado y tanta gente de bien que han muerto en manos de estos miserables. Y los verdaderamente delincuentes en los mejores puestos y con todas las garantías.
Hace unos dias dije:"Colombia, que risa".Tenemos que aceptar que los delincuentes de antes nos gobiernen.Como es de dificil para mì aceptar que el tal Lucipo este indirectamente metido en un alto cargo en la justicia injusta de Colombia? no sabemos pues que el llamado M 19 negocio con Pablo Escobar el asalto al palacio y hoy los defensores estan presos? Y la Piedad Cordoba abogando para que repatrien a los de las farc presos en EEUU , a esa tal Sonia y compañia?. Sera que los eligiremos a èstos futuros gobernantaes.? Colombia a veces da risa con su justicia injusta.


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