El pasado 31 de enero, los 31.000 agentes de la policía del estado de Bahía (Brasil) , se declararon en huelga para exigir aumento de sueldo. Los delincuentes aprovecharon para hacer de las suyas. Durante 5 días fueron amos y señores. En todo el estado y especialmente en la capital Salvador proliferaron crímenes, saqueos, venganzas.
Según la Secretaría de Seguridad de Brasil, hubo 93 asesinatos. "Saquearon los supermercados y almacenes comerciales, para sacar neveras, fogones y todo tipo de electrodomésticos", relató a EL COLOMBIANO Sergio Toniello Filo, periodista del diario Correio de Salvador.
La situación obligó a las autoridades a pedir la suspensión de clases en los planteles educativos. "450 escuelas y universidades solicitaron a sus alumnos no asistir a clases hasta ver cómo siguen las cosas mañana (hoy)", señaló Toniello.
Para contener el desorden la presidenta Dilma Rousseff tuvo que acudir a la medida extrema de enviar 600 soldados para reforzar a los 2.350 hombres de la Marina, la Aeronáutica y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública a Salvador de Bahía y a ciudades aledañas como Ilhéus, Barreiras e Itabuna cuyas calles, escenario de los desmanes, hoy permanecen desiertas.
El comercio está también paralizado mientras los cadáveres son retirados de la vía pública.
Durante el fin de semana, los asaltos, robos de automóviles y atentados contra patrulleros y autobuses proliferaron en Salvador. La gravedad de lo sucedido se reflejó en hechos como la muerte el sábado de una mujer mientras amamantaba a su hijo, informó el diario español El País. En Salvador de Bahía aumentaron en 117% las muertes en relación al mismo periodo del año pasado.
Hasta las últimas
El caos se trasladó a los alrededores de la sede de la Asamblea Legislativa, tomada por Marco Prisco , presidente de la Asociación de Policías, Bomberos y sus Familias (Aspra, por sus siglas en portugués) y por los demás directivos de la huelga. Desde allí dirige el paro en el que los policías exigen que se hagan efectivos varios ascensos pendientes y se aumente en un 30 por ciento los salarios, que rondan los 1.500 reales al mes (1 millón 557 mil pesos).
A esas peticiones los huelguistas agregan ahora no ser procesados por lo sucedido, luego de que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso diera vía libre a un tribunal de Salvador para ordenar la captura de Prisco y otros once dirigentes.
Ellos alegan que no se tomaron la Asamblea a la fuerza y que se trasladaron allí porque la sede de la Aspra fue cerrada el viernes, por orden de la jueza Janet Fadul de Oliveira.
El gobernador de Bahía, Jacques Wagner , aseguró ayer que la sede de la Asamblea está rodeada por cerca de 600 soldados y 40 ag4entes de la Policía Federal, para garantizar la circulación en el centro de la ciudad y facilitar el arresto de los dirigentes.
Familiares y partidarios de los policías, ubicados frente a la edificación, tratan de evitar el avance del Ejército, obligando a los soldados a disparar balas de goma.
Al Gobierno le preocupan las consecuencias económicas que el paro pueda tener sobre el tradicional Carnaval, el gran evento que debería comenzar el jueves de la próxima semana y que convoca anualmente miles de turistas de todo el mundo.
Las autoridades tratan también de evitar el "contagio" del movimiento hacia otras ciudades pues líderes sindicales auguraron esta semana apoyo de los policías en Río de Janeiro.
Los manifestantes advirtieron que están armados y que si el gobierno intenta sacarlos a la fuerza provocaría "un baño de sangre" como este que martirizó a Bahía la tierra del novelista Jorge Amado.
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