viernes
7 y 9
7 y 9
Cambuches construidos con plásticos y palos son las precarias viviendas que hoy habitan cerca de mil personas que volvieron a sus tierras en varias cuencas del Bajo Atrato chocoano, cuando no resistieron mendigar más ayudas, vivir como desplazados en casas "ajenas" y a la espera de un retorno amparado por las autoridades que nunca se dio.
Luis Alirio Córdoba López, cuenta que al igual que él muchos prefirieron regresar a sus "tierras ancestrales" desde 2004, luego del desplazamiento masivo de miles de habitantes de las comunidades negras de Riosucio tras la incursión de las autodefensas en la zona.
El grupo al que pertenece Luis Alirio retornó a su antiguo hogar en la cuenca del río Salaquí sin ayuda estatal y sin condiciones de seguridad, a pesar de la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Lo que encontraron allí fue desolación.
"Todo lo que habíamos hecho lo perdimos, el plátano, el maíz, todo, porque hasta las casas las saquearon y el monte las cubrió", relata Luis Alirio, líder comunitario de San josé de Tamboral y quien insiste en que era preferible retornar con poco que seguir "con hambre y viviendo como indigentes y sin tierra".
El único apoyo que encontraron para regresar a sus territorios fue el de su misma comunidad, organizada en la Asociación de consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba). Gracias a un fondo rotatorio los desplazados que decidieron retornar recibieron semillas y entre 500 mil y 2 millones de pesos para empezar de nuevo su vida como campesinos.
Con esta ayuda se dedicaron a sembrar de nuevo arroz, maíz, frutales y plátano. De este último producto tienen cultivadas unas 600 hectáreas y la comercialización asegurada con una empresa bananera que lo exporta a varios países.
Pero las secuelas del desplazamiento aún los persigue e impiden una dosis de progreso para aliviar la pobreza. Sin habitantes que limpiaran el cauce, el sedimento y palizadas obstruyen hoy 12 kilómetros del río Salaquí e impiden a la comunidad sacar el plátano al Atrato y de allí a los puertos.
Para solucionar el problema, los habitantes de la cuenca del Salaquí necesitan una retroexcavadora, que les cuesta entre 450 y 500 millones de pesos. La misma situación afrontan otras comunidades negras e indígenas del Bajo Atrato chocoano.
Por la tierra dan la vida
Pero las comunidades negras aún están lejos de sentirse reparadas y en paz.
Según Ernesto Ramírez, representante legal de Ascoba, la lucha persiste para recuperar las tierras usurpadas por los grupos ilegales como las autodefensas y que según las víctimas del despojo, permanecen en manos de "poseedores de mala fe", como llaman a los testaferros de paramilitares y empresarios que llegaron a la región.
"En Curvaradó hay 15.000 hectáreas sembradas de palma aceitera en manos de empresarios. Hasta ahora hemos recuperado 4.200 hectáreas mediante acciones judiciales y estamos pendientes de otras 12.000 que también pertenecen a territorios colectivos", explica Ramírez.
La denuncia también la hace el personero de Riosucio, Darío Blandón. "Los asesinatos y amenazas contra los líderes y las comunidades que reclaman tierras no se han detenido. Solo entre 1996 y 1998 se desplazaron 17.000 afrodescendientes en el Bajo Atrato".
La última víctima fue Argenito Díaz, asesinado el 13 de enero en Urabá, quien lideraba la reclamación de tierras colectivas de Curvaradó y Jiguamiandó y quien había conseguido en 2009 fallos judiciales que ordenaban la restitución de tierras por parte de empresas. Había denunciado amenazas de "paramilitares".
Un mes antes la guerrilla asesinó a Manuel Moya y Graciano Blandón, miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó.
La presión de los grupos armados ilegales como las denominadas "Águilas Negras" y las Farc también afecta a los indígenas.
"Los grupos armados siguen en la zona y los indígenas resistimos con nuestra autonomía. Como nunca hemos cedido ni nos desplazamos a pesar de amenazas, ahora lo que buscan es ofrecer dinero a los indígenas y hemos tenido problemas con compañeros con eso", afirma Marino Salazar, representante del Cabildo Mayor del Bajo Atrato.
Arrasando con la madera
La explotación de madera, convertida en el recurso natural más importante de la región para comunidades negras e indígenas, tampoco escapa hoy a la presión de los grupos armados.
Habitantes de la zona denuncian que la banda denominada Águilas Negras, procedentes de Urabá, ya han empezado a extorsionar a algunas comunidades negras del Bajo Atrato que derivan su sustento de extraer la madera de sus territorios.
"Estos grupos se ubican en riberas de los ríos (afluentes del Atrato) y cobran vacuna a los habitantes que sacan la madera por allí. En respuesta, la guerrilla está haciendo lo mismo", denuncian pobladores.
Pero las comunidades también son víctimas de engaños y explotación. El año pasado una comunidad indígena negoció con un particular señalado de vínculos con el paramilitarismo una cantidad de madera, quien anticipó dinero para gasolina, mercado y herramientas para los trabajadores.
El trato era tan desfavorable que acumularon una deuda de 800 millones de pesos que tendrían que pagar con trabajo y madera durante 12 años. "Se comprobó dolo y mala fe para deshacer ese negocio", cuenta una persona que conoció el caso y otro en el que una comunidad cedió su madera por plantas eléctricas y equipos de sonido.
En octubre del año pasado, los líderes de una comunidad indígena que se negó a extraer más madera, ante la deforestación de su territorio, debieron abandonar la zona por amenazas si no seguían con la explotación. Y hace dos años, las Farc asesinaron en zona rural de Riosucio a varios aserradores provenientes de Urabá, señalados de trabajar para las "Águilas Negras".
La deforestación es uno de los principales problemas de la zona. Líderes negros e indígenas reconocen que la deforestación ha provocado la casi desaparición de muchas especies como el cativo.
Otra amenaza son los narcotraficantes, que ofrecen dinero para que ofrodescendientes e indígenas cultiven coca en sus territorios.