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la Comisión Primera del Senado de la República debatirá sobre la situación penitenciaria en Colombia y los avances que se han dado en la materia desde la entrada en vigencia, hace siete meses, de la
Ley 1709 de 2014.
A los retos frente a los problemas de hacinamiento, salud y educación que son una realidad en las cárceles del país, empieza a sonar un nuevo desafío de seguridad al que se le
podría medir el Gobierno con la propuesta para bloquear el wifi y las redes celulares en 138 establecimientos para condenados que hay actualmente en el territorio nacional.
La implementación requeriría de una inversión de
16.000 millones (8 millones de dólares) y la propuesta, según Diego Velasco Cabrera, gerente general de Global Circuit, la harán a la administración de Juan Manuel Santos antes de que termine 2014.
La compañía local está buscando aliados privados para concretar el proyecto.
El experto no está improvisando con el asunto y traerá a ‘colación’ la experiencia que está viviendo en
Perú, donde se acaban de ganar una licitación (el pasado 30 de junio)
para bloquear las señales a los celulares en 33 centros penitenciarios que albergan actualmente 70.000 internos, es decir, 90% de la población penitenciaria de ese lugar.
De acuerdo con el experto el bloqueo de dichas redes pretende
disminuir las extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos vigentes en las penitenciarias. Según datos de la Policía de Criminalística del Perú, 95% de las llamadas para realizar extorsiones sale de las prisiones.
Dice Velasco que en las cárceles Latinoamericanas se ha detectado otra dificultad que impide avanzar en materia de seguridad y es que “
los mismos guardas empiezan a vender minutos de celulares a costos muy elevados, este tipo de prácticas también llegarían a su fin”.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia hay
120.623 personas privadas de la libertad dentro de 138 centros penitenciarios que le cuestan a la Nación $1,5 billones al año, es decir por cada uno de los reclusos se pagan $13,1 millones cada 12 meses.
Entre los retos que tiene el Gobierno con el nuevo
Código Penitenciario están: el hacinamiento que alcanza una elevada cifra, 53 por ciento, la falta de trato diferenciado, los problemas de salud, educación, la suspensión de la condena por penas menores a cuatro años, beneficios de libertad condicional a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la condena y otros.