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Los mensajeros de la muerte detonaron sus cañones contra la camioneta en la que iba el comerciante minero Óscar Velásquez Madrid, quien perdió el control y se estrelló contra un local del barrio La Floresta de Medellín.
Los sicarios huyeron en la moto, mientras que el empresario de 48 años dejaba de existir esa noche del 24 de abril de 2011, siendo la primera víctima de una siniestra persecución contra la familia Velásquez Madrid, dueña de minas en San Roque, San Rafael y el occidente antioqueño,
El deceso ocurrió también en el marco de una preocupante racha de homicidios contra personas involucradas en el negocio. El Colombiano investigó en los registros de la Policía y la Fiscalía, constatando que entre 2011 y 2012 han matado a 75 ciudadanos que trabajaban en minas o eran socios, dueños, familiares o contratistas de mineros.
La estadística señala que cada 9.2 días asesinaron a alguien de ese gremio en Antioquia (el registro no incluye las subregiones de Urabá y Magdalena Medio), todos a bala.
En 2011 fallecieron 30 y la cifra aumentó un 50% en 2012, con 45 casos. La estela de violencia no solo afectó a las zonas mineras, como el Nordeste y Bajo Cauca, pues también golpeó al área metropolitana: en los dos años acribillaron a 20 mineros en Medellín y de a uno en Barbosa, Sabaneta y La Estrella.
Dos episodios en particular tienen en ascuas a las autoridades: la matanza contra las familias Torres Arboleda, que perdió cinco miembros y allegados, y Velásquez Madrid, también con cinco víctimas en el último año.
A Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación de Mineros de Colombia, le preocupa la estigmatización de los dedicados al oficio: “el Gobierno no ha sido capaz de trazar una línea divisoria que identifique quiénes son los criminales y quiénes son los mineros informales”.
Persecución
A la muerte de Óscar, apodado “el Rosco”, le siguió la de Luis María Velásquez Madrid, abaleado junto a otro hombre en Montería (19/11/11). El siguiente fue Héctor Darío, de 52 años, atacado por mercenarios cuando visitaba a su hijo en el barrio Florencia de Medellín (17/03/12); en el hecho hubo dos familiares heridos.
A Édgar Andrés, el cuarto hermano, le dispararon en la avenida Nutibara (07/05/12). El minero de 36 años fue sorprendido en vía pública cuando acababa de comprar una torta y caminaba hacia su carro.
Y Óscar Adrián Velásquez Molina, de 26 años e hijo de “el Rosco”, fue perseguido por el verdugo desde la calle hasta su casa del barrio San Bernardo, donde de desplomó tiroteado (22/05/12).
El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, declaró en su momento que al parecer estos hechos guardaban relación con los negocios mineros del clan.
Un allegado de la familia narró a este diario que “ellos siempre han trabajado en eso de forma legal, como todos los documentos, pero hubo un problema con la compraventa de una retroexcavadora”. Añadió que varios integrantes tuvieron que exiliarse lejos de la ciudad.
“La minería fue permeada por el crimen y las diferencias normales, que antes se resolvían en un juzgado, ya son resueltas con fuego”, opinó el abogado Alexánder Restrepo, especialista en Minería y Medio Ambiente y exasesor del Ministerio de Minas.
Al ser preguntado sobre si este oficio es una “profesión peligro”, respondió que en el Nordeste y Bajo Cauca es una actividad riesgosa, pero hay otras zonas como Marmato (Caldas), donde también hay oro, que son tranquilas. “El asunto no solo está ligado a la explotación del oro, sino a la ausencia del Estado”.
En eso coincide con el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. “Muchas veces la institucionalidad no está en las zonas mineras para solucionar los conflictos”, comentó el funcionario.
Amenazas
El área metropolitana, donde en promedio asesinan a un minero cada mes, también fue el escenario para los ataques contra los Torres Arboleda, con inversiones en yacimientos auríferos de Segovia y el Oriente antioqueño. Las desdichas empezaron el 09/08/10 con la muerte de Juan Carlos Torres Arboleda en La Estrella.
Era socio de una mina y estaba a punto de inscribir su candidatura a la Alcaldía de Segovia, pero lo acribillaron cuando iba de pasajero en un taxi.
Su hermano Hernán Edilson, de 42 años, recibió los tiros cuando bebía en una tienda de Aranjuez (15/10/12). Su fin ya estaba advertido porque 20 días antes, al frente de su casa del sector San Cayetano, un tipo quiso dispararle, mas el arma no funcionó y el minero se la arrebató. La guardó en un cajón y de esto fue testigo su hermano menor Alberto.
Este último, de 38 años, acudió a la ciudad para la velación de Hernán Edilson. Dos días después, cuando la familia aún tenía el luto a cuestas, ocurrió la nueva tragedia: mercenarios de un combo local abalearon la camioneta que conducía Alberto junto a cinco personas, en el barrio Campo Valdés. Además de él, murieron los colegas Julio Montoya Vélez, de 35 años, y Esteban Berrío Herrera, de 24; un adulto y un niño de 9 quedaron heridos.
El coronel José Acevedo, comandante de la Policía Antioquia, explicó que los Torres Arboleda fueron amenazados hacía tres años en Segovia por una banda, razón por la cual se trasladaron a Andes a continuar el oficio.
Un miembro del clan narró a las autoridades que un desconocido les había advertido, antes de la matanza, que “por matar a Alberto y Hernán estaban ofreciendo una plata”.
En 2012 han asesinado a 12 personas ligadas al oficio en la capital antioqueña. Si bien pudieron ser ejecutados por sicarios locales, el secretario de Seguridad de la metrópoli, Eduardo Rojas, aseguró que los móviles “tienen relación con sitios ajenos a Medellín, no con las confrontaciones de las estructuras criminales de aquí”.
En el resto del departamento, las muertes se concentran en Segovia, Remedios y el Bajo Cauca. Uno de los hechos más escabrosos sucedió el 27 de octubre pasado, cuando “los Urabeños” abalearon, con lista en mano, a tres mineros que buscaban trabajo en la vereda segoviana El Chicharrón.
Mucho dinero
Un investigador judicial comentó que hay múltiples causas para estos casos, que pasan por riñas y problemas pasionales, hasta la participación del crimen organizado. “Habría qué preguntarse por qué se agudizó el problema ahora, sabiendo que los nexos de la guerrilla y los ‘paras’ con la minería son tan antiguos”, enfatizó.
En el Nordeste, donde se han parido bastantes de estos homicidios, hay una disputa entre “los Urabeños” y una disidencia de “los Rastrojos”, que incrementó en 170% de las muertes con relación al año pasado; en medio del embrollo está la minería ilegal de oro, una enorme fuente de financiación para estos grupos, en los que también se incluyen las Farc y Eln.
El pie de fuerza tuvo que aumentar de 270 a 700 policías y el secretario Londoño contó que la situación se combate con la apertura de Gaulas Militares, el plan de seguridad Troya Nordeste, campañas antiextorsión y fortaleciendo a la Fiscalía Antibandas.
“La minería es una actividad muy rentable y eso llama la atención de los grupos armados. La onza troy de oro (31 gramos) vale 1.700 dólares (3’094.306 pesos) y una libra 40 millones de pesos”, dijo Ramiro Restrepo, quien calcula que en Colombia hay 2 millones de personas que viven de este oficio a pequeña y mediana escala.
Esto por esto que los delincuentes no solo se han vinculado a través de la extorsión a las minas, sus dueños y maquinaria, sino que ejercen la minería informal.
Ni el presidente gremial ni el abogado consultado se atreven a hacer un cálculo anual de las ganancias del oro, ya que el subregistro en muy alto, aunque coinciden en que son “exorbitantes”. En el Bajo Cauca, por ejemplo, hay 1.200 entables mineros registrados por la Confederación, que producen 4 libras de oro al mes, es decir, 192.000 millones de pesos mensuales generados tan solo en esta subregión, una de las más pobres de Antioquia; la cifra anual es inimaginable: 2.304 billones de pesos. Para comparar, el presupuesto de todo el departamento para 2013 será de “apenas” 3.3 billones de pesos.
“El problema de la minería de oro es que no produce desarrollo para los que habitan el suelo, son economías extractivas”, acotó el secretario Londoño.
“Sería irresponsable decir un aproximativo porque el negocio es tan rentable que se desbordó – dice el abogado Restrepo -, no paga seguridad social, no tributa, no paga al propietario del predio ni reporta los trámites legales… es un negocio en el que cualquier confrontación la pagan con una bala que no vale más de 300 pesos”.