Una constante en los diferentes discursos sobre el desarrollo en el país, es afirmar que el conocimiento científico y la investigación aplicada a los procesos productivos agregan valor, mejoran la competitividad, contribuyen a la generación de la riqueza y a la superación de la pobreza.
Esta idea se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón para el período 2010-2014.
En él, se definen los sectores líderes que servirán de locomotoras para el crecimiento económico: vivienda, innovación, infraestructura, minería y agricultura. La educación se valora como un componente transversal que se disgrega en los diferentes objetivos, metas y lineamientos del plan de Desarrollo.
De acuerdo con Plan "Prosperidad para todos", el propósito fundamental en educación para los próximos cuatro años será el mejoramiento de la calidad, centrada en el desarrollo de competencias básicas (matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas) y de competencias laborales a nivel específico y profesional.
Esta formación por competencias es uno de los posibles modelos pedagógicos y se ha venido implementado en la práctica desde gobiernos anteriores, los cuales a través del Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y el Sena, han realizado esfuerzos por lograr incrementar prioritariamente los cupos en la formación para el trabajo y la educación técnica y tecnológica, tratando de nivelar la oferta con la que se realiza en educación superior profesional.
Igualmente se ha fomentado la adopción de nuevas tecnologías de aprendizaje, la reforma de los currículos, el bilingüismo, los ciclos propedéuticos (preparatorios para el estudio de una disciplina) y la formación de una masa crítica de investigadores a través de programas de maestría y doctorado.
Más cobertura..
En general, los retos del Plan en materia educativa son enormes, por lo menos en lo que se refiere a cobertura y deserción, dos de sus principales indicadores.
En efecto, según el Ministerio, para 2014 la meta de cobertura en educación superior para la población entre 16 y 21 años, deberá llegar a una tasa del 50 por ciento, 13 puntos por encima del nivel actual, del 37 por ciento. Esto significa una matrícula total de 2 millones 282 mil 987 estudiantes, de los cuales se espera que un millón 388 mil 056 estén en instituciones de educación superior públicas y 894.931 en instituciones privadas. Hoy se encuentran matriculados un millón 674 mil 420 estudiantes, 927.295 en instituciones públicas y 747.125 en las privadas.
Otro gran reto en materia educativa es la disminución en las tasas de deserción, que siguen siendo altas: en el sector público, en el 2010, llegaban al 45,3 por ciento y al 50 por ciento en el sector privado.
Esto significa, en el caso de las instituciones de educación superior pública, que de cada 100 estudiantes que ingresan, 55 eventualmente se gradúan y 45 nunca alcanzan este logro.
Bajo este contexto, es preocupante que el Plan Nacional de Desarrollo no aborde directamente algunos de los problemas más comunes de la educación superior en Colombia, entre los que destacamos la deficiente articulación de los diferentes niveles de educación; la deserción escolar ocasionada por factores que se relacionan con la orientación vocacional o causas económicas; el mejoramiento de la infraestructura educativa; las necesidades de inversión para lograr una alta formación de sus profesores; los recursos para la movilidad internacional de docentes y estudiantes y la capacidad de la sociedad para absorber a sus egresados en condiciones laborales formales y dignas.
¿Y la financiación?
Una reflexión particular merece el problema financiero que enfrentan las universidades públicas como consecuencia de las mayores responsabilidades que se le han encomendado, mientras los recursos que gira el Estado no han tenido un incremento significativo, lo cual se convierte en una limitante para el logro de los objetivos misionales de la educación superior del orden estatal.
Junto a lo anterior, los escasos niveles de inversión en ciencia y tecnología que apenas llegan al 0,39 por ciento del PIB, dificultan una interacción más profunda y efectiva con los sectores productivos nacionales.
En el Plan Plurianual de Inversiones para el periodo 2010-2014 no se advierte un aumento significativo de los recursos que se entregan directamente a las universidades e instituciones de educación superior pública y, sin esa inversión, no es posible dar los saltos cualitativos a una sociedad del conocimiento como lo requiere el plan.
Si la apuesta del país es elevar su nivel de desarrollo científico y tecnológico, se deben imitar las experiencias de otras naciones que realizaron significativas inversiones públicas en educación superior y que dieron frutos, al menos, en una siguiente generación.
Cada cuatro años estamos ante la oportunidad de darle el rumbo adecuado al país, pero eso sólo es posible si partimos de un diagnóstico certero del contexto en el que nos encontramos y se fijan las acciones pertinentes para llegar a buen puerto.
* Rector de la Universidad de Antioquia