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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 27 años de prisión impuesta en contra del ex guerrillero de las Farc Yesid Arteta Dávila, por haber ordenado la muerte de un hombre señalado de haber violado a una menor de ocho años de edad.
Esta determinación echa abajo la absolución que del ex guerrillero había impartido el Tribunal Superior de Pasto y de igual forma deja en pie la sentencia impuesta, meses antes, por un juez especializado de la capital nariñense en contra de Arteta.
Según consta en el expediente el ex jefe guerrillero, como cabecilla del frente 29 de las Farc ordenó el 31 de marzo de 1993 la muerte de Laureano Ipuján Anama, en la vereda Bajo Canadá, en el municipio de Samaniego, Nariño.
Ese crimen, se señala en el proceso, habría sido reconocido por Arteta en un papel en el que le informaba al inspector de la zona el lugar donde podría recoger el cadáver, al igual que las razones del ajusticiamiento. Para ese entonces, recuerda la providencia, Arteta era reconocido con el alias de "Joaquín Posada".
Esas afirmaciones fueron rechazadas por Arteta, quien las atribuyó a retaliaciones y montajes en su contra por parte de otros integrantes de la guerrilla que no simpatizaban con él.
Argumentaciones
Esa respuesta no fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia al manifestar que "ni siquiera resulta viable contemplar la posibilidad de que el aquí procesado hubiere sido víctima de un montaje urdido por otros actores del conflicto armado".
Además, la Corte Suprema de Justicia señala que "la acción desplegada por el frente 29 de las Farc, de la que Yesid Arteta Dávila era su comandante, sí constituye un delito de homicidio agravado (…) pues el cadáver de Laureano Ipuján Anama además de parecer amarrado, tal como lo indicó el testigo Roberto Melo Álvarez - inspector de la policía que hizo el levantamiento del cadáver -(…) fue colocado en circunstancias de indefensión".
Este acto de violencia fue calificado por el Alto Tribunal como un acto de "justicia privada" realizado por un grupo armado al margen de la ley que olvidó que en Colombia no se contempla la pena de muerte como una forma de ejercer justicia.