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La decisión de la Fiscalía General de la Nación de declarar delito de lesa humanidad la masacre de Chengue (Sucre) hace honor a las 27 víctimas, obliga al Estado a perseguir a los culpables para evitar tribunales internacionales y reabre procesos judiciales contra exmilitares que no habrían colaborado con los homicidas.
Esas son las implicaciones de la decisión de un fiscal de Derechos Humanos, quien consideró la incursión paramilitar, ocurrida el 7 de enero de 2001, como un "ataque sistemático contra la población civil" por parte del Bloque Héroes de Montes de María, con conocimiento de miembros de la Brigada Primera de la Armada Nacional, según lo informó la Fiscalía.
Según la providencia, el ataque fue parte de la operación "rastrillo" realizada por las autodefensas, la misma en la que fueron perpetradas las masacres de Macayepo y El Salao, donde fueron asesinadas más de 100 personas acusadas de cooperar con la guerrilla.
Para Francisco Reyes, director del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la "Fiscalía toma una decisión favorable para las víctimas, que implica para el Estado la obligación de encontrar a los culpables y condenarlos, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son indultables ni pueden ser amnistiados".
El funcionario recordó que los delitos de lesa humanidad están cobijados por el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, "que puede intervenir en países signatarios como Colombia si la justicia no actúa con eficacia".
El mismo concepto tiene el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien considera valiosa la declaración como delito de lesa humanidad para que "esta masacre no quede impune y que no prescriba para castigar a los responsables".
En esa búsqueda de justicia, la decisión del ente investigador también ordena que se revise una sentencia absolutoria del Juzgado Único Especializado de Sincelejo, en favor de los exsuboficiales de Infantería de Marina Euclides Rafael Bossa y Rubén Darío Rojas, investigados por el delito de concierto para delinquir por complicidad con el grupo paramilitar que perpetró la masacre.
La masacre ocurrió en la madrugada del 7 de enero de 2001 en el corregimiento de Chengue, de Ovejas (Sucre), cuando un grupo de 60 paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María asesinaron a golpes, con machetes y cuchillos a 27 habitantes de la zona. Por este matanza está acusado, como persona prófuga, un exjefe que comandó el grupo, así como Rodrigo Mercado, alias "Cadena", jefe de ese bloque de las Auc.