viernes
7 y 9
7 y 9
Para los uniformados que integran grupos de fuerzas especiales de la Policía Nacional que operan en el área metropolitana las armas Taser X26 no son una herramienta nueva. Las usan desde hace tres años.
En Medellín esos dispositivos de descarga eléctrica han sido útiles, según reportes oficiales, en allanamientos donde los policías han encontrado respuesta armada.
La novedad es que la Policía Nacional tiene el proyecto de dotar con esta herramienta a los uniformados que pertenecen a los cuadrantes, de manera que las 116 armas de este tipo que hoy la Policía Metropolitana tiene bajo su poder podrían multiplicarse.
El plan desencadenó gran polémica nacional. Este armamento es cuestionado a nivel mundial por las extralimitaciones que autoridades de otros países han tenido en su uso, como ocurrió en Estados Unidos en el caso del joven grafitero Israel Hernández, quien falleció tras el ataque con una Taser activada por un policía.
Sin embargo, la Alcaldía de Medellín considera que dotar a la Policía de la ciudad con estos elementos será beneficioso para la seguridad de los ciudadanos. También de los delincuentes.
En palabras de Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, el hecho de que estos dispositivos sean considerados no letales valida su uso, eso sí, en casos eventuales.
"Si la Policía tiene armas de fuego de dotación, yo pienso que un arma que no es de fuego y no es letal, eventualmente serviría en procedimientos en donde los uniformados la requieran", comentó Suárez.
La controversia
A pesar del visto bueno de la Alcaldía a su implementación, hay sectores de la ciudadanía que no están de acuerdo con que esas armas lleguen a la Policía de Medellín.
Uno de ellos es Víctor Correa, representante a la Cámara por el Polo Democrático, quien sostiene que hay una serie de organizaciones internacionales que han rechazado su uso, entre ellas Amnistía Internacional y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, dado que han sido mal utilizadas y se han convertido en elementos de tortura.
Uno de los agravantes, desde el punto de vista de Correa, es que "en nuestro país la fuerza pública ha demostrado ser muy irresponsable con el uso de las armas no letales y eso lo podemos ver en las protestas campesinas, en las movilizaciones estudiantiles y en muchas otras movilizaciones sociales del país", agregó.
En ese punto coincide Julián Múnera, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia, quien aseguró que "esta es una medida del presidente Juan Manuel Santos para reprimir la protesta social. Muchas veces en Colombia se ha demostrado el uso injusto de esas armas y, si el Esmad se ha sobrepasado con el uso de gases que se supone que son armas no letales y han causado daño, el uso de estos dispositivos eléctricos también podría tener un uso desmedido por parte de la fuerza pública".
Desde luego hay sectores de la población que validan la implementación de estos aparatos. Piedad Patricia Restrepo, coordinadora de la organización Medellín Cómo Vamos, opinó que "en la Encuesta de Percepción Ciudadana se les pregunta a los habitantes qué acciones podrían mejorar la seguridad en el barrio y la gente habla, en su mayoría, de respuestas institucionales: mayor número de policías, más CAI en los barrios, mayor eficiencia de la Policía".
En ese sentido, Restrepo afirmó que "si este tipo de instrumentos permite mejorar la eficacia de la Policía, bienvenidos, si la percepción ciudadana es que si mejora la eficiencia de la Policía en su accionar, bienvenidos. Sin embargo, no se puede perder de vista el respeto de los derechos humanos".
La Personería no lo apoya
Una vez se conoció la noticia de que pronto las armas llegarán a Medellín, el Personero delegado de la ciudad, Jesús Sánchez, manifestó que la entidad no avala su uso.
El funcionario señaló que "no estamos de acuerdo con el uso de estos artefactos. Las argumentaciones que da la Policía señalan que son armas que no generan lesiones y que no causan un daño grande a la integridad personal. Entonces, si existe la necesidad de utilizar este tipo de elementos, que lo hagan, pero si no es necesario, es mejor que la fuerza pública no porte estos elementos".
Además, Sánchez informó que en los tres años que los grupos especiales de la Policía han usado las Taser en el área metropolitana, la Personería ha recibido denuncias de ciudadanos que se han quejado por el uso desmedido, sobre todo en las protestas ocurridas en el Centro.
Ante la polémica que se desató por el asunto, el congresista Víctor Correa opinó que lo que hace falta en Colombia, en lugar de estas armas, es la implementación de una política criminal distinta.
"La existente ha estado muy mal enfocada, se reduce al uso de la fuerza y las actuaciones preventivas del delito no tienen acción en nuestro sistema".
Entre tanto, la Policía sostiene que la finalidad al implementar el arma no es atacar a los ciudadanos, sino proteger la vida al disminuir la letalidad del accionar de los policías, cuando así se requiere.
El debate está abierto.