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CIDH desestima revisión de sentencia por Masacre de Mapiripán

Colprensa | Publicado el 28 de noviembre de 2012

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que no revisará la sentencia que ese tribunal profirió en 2005 por la masacre de Mapiripán, tal como se lo había solicitado el Estado colombiano, en febrero pasado, después de conocerse que en el caso habían aparecido víctimas que no lo eran.

Al respecto, en resolución emitida el pasado 23 de noviembre, ese Tribunal declaró que “no corresponde la revisión de la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2005 en el caso de la Masacre de Mapiripán”. La Corte, más bien, aplicó un mecanismo de supervisión, lo cual significa que el espíritu de la sentencia, en que el Estado colombiano fue hallado responsable, se va a mantener.

Precisamente, la Corte también declara en su resolución que durante el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia el Estado colombiano “ha reiterado que reconoce los hechos conocidos como Masacre de Mapiripán, ocurridos entre el 14 y 20 de julio de 1997, así como su responsabilidad declarada en la sentencia, y que continuará cumpliendo de buena fe con lo ordenado en la misma”.

Además, la Corte establece que no deben ser consideradas como víctimas del caso Hugo Fernando Martínez Contreras, Diego Armando Martínez Contreras, Gustavo Caicedo Rodríguez, Manuel Arévalo, Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, así como sus familiares (incluidos en la sentencia o identificados posteriormente).

“Las reparaciones ordenadas a su favor no deben tener efectos (...)”, dice en su declaración la CIDH. “En consecuencia, la Corte no continuará supervisando los extremos de la Sentencia en lo que atañe a la consideración de esas personas como víctimas y de sus familiares como beneficiarios”.

Estado debe presentar informe
Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), parte litigante en este proceso, la decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo nacional y la administración de justicia en esta materia.

La Corte también resolvió requerir al Estado colombiano que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en su sentencia de 2005.

Así mismo, le solicita al Estado que presente, a más tardar el 22 de febrero de 2013, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esa Corte y que están pendientes de acatamiento.

De otro lado, la CIDH recordó que “las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”.

Para Juan Ramón Martínez Vargas, doctor en derecho internacional, abogado de la Universidad del Rosario y profesor principal de ese mismo claustro, esta situación se presenta porque Colombia adolece de una política integral de litigio estratégico internacional. “El caso Mapiripán es uno de otros tantos casos que Colombia pierde ante la CIDH”, aseguró.

“Hay que establecer adecuados procedimientos para la defensa del Estado”, explicó Martínez Vargas. “Muchos casos llegan a la CIDH, previo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nuestros mismo agentes o servidores públicos desconocen el factor de legalidad y ejecutan acciones que terminan siendo violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Agregó que siempre frente a un litigio, lo importante es la defensa. “Hay que establecer adecuados procedimientos de defensa que sean más preventivos que reactivos. Cada vez que tenemos un caso ante la CIDH vamos rotando a nuestros representantes o agentes del Estado, y esa improvisación es castigada por los tribunales”.

Antecedentes
En octubre de 2011, el Estado colombiano anunció que interpondría un recurso de revisión de la sentencia del caso de la masacre de Mapiripán, emitida el 15 de septiembre de 2005.

Esta situación se derivó de los testimonios que rindió en Justicia y Paz Mariela Contreras. La mujer dijo que ni ella ni sus hijos habían sido víctimas, sino que habían sido reclutados por la guerrilla y su esposo había sido asesinado por la guerrilla y no por lo paramilitares.

En su momento, se cuestionó el fallo del CIDH (que obligó al Estado a pagar más de 700 millones de pesos a Contreras) y se señaló que no eran 40 víctimas, como lo había reconocido Carlos Castaño y como lo habían establecido los tribunales nacionales, sino que eran seis o 14 víctimas.

Con fundamento en esto, el Estado colombiano presentó ante la CIDH un escrito, el 24 de febrero pasado, denominado 'Solicitud de revisión de la Sentencia', en el que pidió que determinadas personas no fueran consideradas víctimas de este caso y presentó identificación sobre otras víctimas.

La tesis del Cajar fue que si no se hubiera conocido la situación de la señora Contreras y de sus hijos, el fallo hubiera seguido igual, porque no era un hecho nuevo que pudiera cuestionar el fondo del fallo.

Para el Cajar, pese a eso, quedó plenamente establecido que en junio de 1997 salieron dos aeronaves de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó que llegaron al Meta, y que hasta Mapiripán llegaron aproximadamente 200 paramilitares que contaron con la colaboración de la Fuerza Pública, que se cometió una masacre y que existen víctimas desaparecidas.

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