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En los bajos del metro, en las dos primeras cuadras desde la estación Prado hacia Hospital, se formó un mercado en el que abundan caras de preocupación y en el asfalto, ropa, zapatos, cargadores de celulares, muñecas de plástico. Casi todo, de segunda.
Es el panorama que quedó tras el cierre del Bazar de los Puentes, ubicado a dos cuadras de allí.
El 16 de junio, la Alcaldía selló los locales del Bazar, pues la Fiscalía halló que varios de ellos tenían vínculos con la venta de droga.
El centro comercial cuenta con 453 locales, de los que estaban ocupados 400.
León Darío Siachoque tiene 56 años y llevaba 11 en el Bazar. "Allá vendía hasta 50.000 pesos en un día y aquí, si mucho, llego a 15.000, con los que tengo que sostener a mi esposa y a un hijo. Cuando llueve nos toca taparnos con un plástico. No sabemos para dónde coger", dijo.
Por su parte, William Gil Montoya, otro comerciante, afirmó que en este tramo de la carrera Bolívar aguantan hambre y enfermedades.
"Nos sacaron como a perros, dijeron "oche" con todos los marranos. No somos bandidos", recalcó y le pidió a la Alcaldía que los reubique.
"Efecto hormiguero"
Un líder del barrio Prado expresó que, tras el desalojo del Bazar, en este sector de los bajos del metro "se produjo un efecto hormiguero y también llegaron delincuentes a vender droga, hay prostitución y explotación sexual infantil".
Los comerciantes desmintieron esta afirmación.
Luis Fernando Suárez Vélez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín, reportó que 90 comerciantes que tenían todos los documentos en orden fueron reubicados en Plataforma C y en otros centros comerciales populares, que son de la Alcaldía.
Además, anotó, están revisando los casos pendientes, pues la idea es ayudarles a generar ingresos. También aseguró que se combatirán las actividades ilícitas que se puedan presentar.
Recordó que el Municipio tiene un proyecto para peatonalizar la carrera Bolívar, "lo que implica recuperar una de las zonas más deprimidas de la ciudad por la delincuencia organizada, microtráfico, extorsión, prostitución, trata de personas, explotación sexual comercial infantil, entre la plaza Botero y el sector de Prado". Esta obra cuesta 50.000 millones de pesos.
El concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, de la Alianza Social Independiente, cuestionó a la Alcaldía, porque "la urgencia de mostrar resultados en la lucha contra el delito no puede llevar a romper procesos sociales, a confundir víctimas con victimarios e ilegales con informales, porque así se violan los derechos humanos. En estos temas, antes que intervenciones policivas, tiene que haber planes integrales para que todos no terminen en el mismo costal".