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El Estado colombiano reconocerá el próximo 13 de noviembre su responsabilidad parcial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso que lleva en su contra por los crímenes que rodearon la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Esa será la estrategia colombiana, que además llevará una sentencia del Consejo de Estado sobre este tema, para que se condene al país, pero lo menos posible.
Según la directora de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Adriana Guillén Arango, "no hay que olvidar que 27 años después aún tenemos 11 casos de desaparecidos y eso solo ya es motivo de condena. Lo único que nos podría salvar es que aparecieran los desparecidos".
La responsabilidad, sin embargo, no será absoluta, sino que "la asumiremos en los casos donde el acervo probatorio demuestre que debemos hacerlo. La Agencia ha revisado detalladamente caso por caso y tenemos claro hasta qué punto llegan las responsabilidades del Estado".
Entonces, lo que se hará el próximo 13 de noviembre es tratar de minimizar los perjuicios que podría tener para el Estado una condena de este tipo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para esto, presentará en un primer momento la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que propone un resarcimiento para "las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del primero de enero de 1985, en el marco del conflicto armado".
El segundo punto de la defensa consistirá en mostrar lo que se ha hecho para indemnizar a los afectados. Por el momento, las víctimas piden cerca de 24 billones de pesos y "por orden del Consejo de Estado, nosotros ya dimos una indemnización a los familiares, entonces tenemos que hacer que la Corte vea esto y determine si es necesario dar más o no", afirmó Guillén Arango.
Para el abogado Rafael Barrios, representante de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, el anuncio del Gobierno es de gran importancia, pero está a la expectativa sobre cuántos desaparecidos va a reconocer el Estado colombiano.
"Va a reconocer dos con base en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que habla de Irma Franco y Carlos Rodríguez o va a decir que son 12 como lo viene diciendo desde hace 27 años el Consejo de Estado", agregó Barrios.
Por su parte, el abogado Carlos Medellín Becerra, hijo de Carlos Medellín Forero, quien fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el momento de los hechos y muriera en el trágico hecho, dijo sobre la posibilidad de recibir indemnización que esta aplicará solo para los familiares de los desaparecidos. Que, según agregó, "reiteradamente el Estado se había pronunciado negando la existencia de los desaparecidos, incluso cuando hay condenas a militares y policías por este asunto, ahora, por esta vía se abre espacio a otro tipo de responsabilidades".
Jurisdicción subsidiaria
Para que un hecho como el del Palacio de Justicia llegue a ser considerado por la Corte Interamericana se deben agotar muchas etapas. Una de las más importantes es que este mecanismo internacional es de carácter subsidiario, lo que quiere decir que el Estado, en este caso el colombiano, no hizo lo suficiente por esclarecer el asunto, ya sea porque se trató de un caso de denegación de Justicia o porque, como explicó Medellín, "no hubo investigaciones, ni decisiones judiciales".
Ambas formas están en juego en este caso, cambian según las pretensiones de cada una de las víctimas.
En el caso de "los familiares de los magistrados -mi caso específico- hubo decisiones e investigaciones. Se condenó al Estado, entonces no creo que en esos casos quepa una demanda internacional, pero para el caso de los desaparecidos sí es posible porque allí no hubo ninguna decisión interna al respecto".