El ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseguró ayer que Colombia no se está armando para emprender una guerra con terceros países y que la compra de equipos para las fuerzas militares tiene como fin frenar el terrorismo y el crimen transnacional.
El anuncio lo hizo en la base Naval donde se reunió con miembros de la comisión II del Senado de Política Exterior y Defensa Nacional para continuar con el análisis del convenio de cooperación militar con E.U.
Esa guarnición es una de las siete bases colombianas que podrán ser utilizadas por militares y contratistas estadounidenses, según los términos del convenio de cooperación que ha despertado críticas entre los países vecinos y que motivó la reunión extraordinaria de la Unasur.
Para Silva, es claro que los convenios de cooperación militar que tiene Colombia con países como Estados Unidos, Panamá y Brasil han dado excelentes resultados en la interdicción aérea.
Intromisión es de vieja data
El miércoles la Comisión II del Senado radicó una proposición en la que rechaza "la intromisión" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en asuntos de política interna colombiana.
Pero la reunión del miércoles no ha sido la única. Esta comisión se ha convertido en un escenario frecuente para denunciar incursiones de Venezuela en territorio colombiano desde antes de que el presidente Hugo Chávez, llegar al poder.
Según el senador Manuel Ramiro Velásquez, en la guardia venezolana existe un "ala" anticolombianista que ha utilizado diferentes argumentos para incursionar al país y existen reportes desde 1999.
Entre los casos que se han denunciado está la muerte de campesinos de La Gabarra (Norte de Santander), luego de que tropas venezolanas persiguieran a narcotraficantes colombianos cruzaron para protegerse.
Sin embargo, a juicio de Velásquez, la llegada del presidente Chávez complicó más las cosas. De un lado, está la constitución bolivariana en la que se deja planteado una intensión expansionista al retomar límites de la época de la Colonia.
De otro, está la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, una situación a la que ese gobierno no le ha prestado atención. "La última denuncia la hizo el Presidente (Álvaro Uribe), hace dos meses. Entregó las coordenadas de un campamento pero no pasó nada".