Ante la alerta que causó la decisión ecuatoriana Colprensa consultó con expertos en el tema para tratar de conocer sus alcances.
Al respecto los analistas coinciden en que dicha solicitud es poco viable si se tiene en cuenta que las Farc, son un grupo reconocido internacionalmente como terrorista y que la orden que emitió en su momento Juan Manuel Santos, en su condición de Ministro se dio como un funcionario del Gobierno Nacional y no como un particular.
Un caso político, no jurídico
“En este caso hay claramente dos aspectos: uno político y otro internacional”, dijo el analista John Marulanda. Es evidente que la intención del Gobierno ecuatoriano es continuar afectando las relaciones con Colombia.
Pero esta declaración va más allá, según Marulanda en el fondo de todo lo que hay es una “línea chavista”, que dice se ha regado por Latinoamérica, además “un posible juego que se le estaría haciendo a las Farc”.
El paso que sigue en este caso es el estudio que deberá realizar la Interpol para determinar si acepta o no la petición de Ecuador.
“Muy seguramente en este caso la Interpol deberá tener en cuenta que fue ese mismo organismo el que le dio validez a los computadores incautados a ‘Reyes’. De la misma manera, podría tenerse en cuenta el maltrato que esa organización sufrió por parte de los gobierno de Ecuador y Venezuela”, añadió.
Para el penalista Iván Cancino el escenario que se presenta en este caso es claro que para las autoridades ecuatorianas la orden del juez puede tener un aparente viso de legalidad, lo que en ahora debe entrar a analizarse es si las policías del mundo acatan la orden del funcionario judicial.
“Sería muy grave que un problema entre dos Estados se pueda volver personal y con la orden de un juez se pueda llegar a capturar a una personas que obró en representación de un país”, señaló Cancino.
De la misma manera, el penalista consideró que Colombia no debe conformarse con la defensa a nivel internacional, sino que en este caso el ex ministro Santos debería tener un abogado de confianza en Ecuador y así poder tener acceso al expediente.
Jaime Granados, experto en derecho penal no vaciló en considerar este evento como “un problema de Estado”.
“Hay que reconocer que los procedimientos de Ecuador no son compatibles con el derecho internacional público, ni con la ley penal internacional”, dijo Gramados para quien es claro que la orden de Santos de penetrar en Ecuador se dio en contra de un “grupo terrorista que ha mantenido secuestradas personas que se encuentran protegidas por el derecho internacional humanitario”, añade.
Para Granados la acción adoptada durante la operación Fenix se tomó “para poder neutralizar una amenaza terrorista”. “Según el derecho internacional público lo que sucedió el primero de marzo de 2008 se dio para contrarrestar un accionar terrorista”, y agrega que “en el caso de Santos lo que se dio fue una acción de Estado y no como un particular”.
Estas son precisamente las razones que según Granados obligan a Colombia a “acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una medida cautelar urgente de la persona de Juan Manuel Santos y plantar ante la Corte de la Haya una ausencia de jurisdicción del Ecuador para perseguir al ex ministro Santos. Eso es clave”.
Sector privado rechaza la medida
Por su parte, el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, también se unió a las voces de rechazo a la orden de captura emitida por un juez ecuatoriano.
Al término de un evento económico con empresarios brasileños, Villegas lamentó la decisión y aconsejó que las cosas deben ser manejadas con tranquilidad y bajo los preceptos constitucionales.
“Este tema hay que mirarlo con toda serenidad, con todo cuidado, pero con toda firmeza y unidad nacional. Nosotros acompañamos la unidad nacional manifestada por todos los sectores políticos, por la academia, por las regiones”, dijo el empresario.
Además, recordó que la llamada Operación Fénix, donde murió ‘Reyes’ tuvo como propósito defender la seguridad nacional. “Lo que Colombia está haciendo es una lucha legitima contra el terrorismo y por supuesto es una lucha que se acompaña por toda la opinión nacional”, señaló. |
