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Gobierno renovó este martes por dos años el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con lo cual la organización permanecerá en el país al menos hasta finales de 2016, informaron fuentes oficiales.
Esta renovación está condicionada a un posible acuerdo para el fin del conflicto armado que sacude Colombia desde hace más de 50 años y "la reconstrucción de la paz estable y duradera", en cuyo caso las líneas de cooperación entre el
Gobierno y la oficina de la ONU podrían reformularse, según informó esa delegación en un comunicado.
Actualmente el Gobierno está negociando en La Habana un
acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc y ha iniciado contactos "exploratorios" con el Eln.
En caso de llegar a un acuerdo con ambas guerrillas se iniciaría un proceso de postconflicto, situación en la que la relación con la Oficina de la
ONU podría cambiar tal y como recoge el acuerdo firmado.
La renovación por dos años prolonga la presencia de esta oficina en Colombia que fue establecida en 1997 y renovada el año pasado tras la polémica nacida cuando el presidente
Juan Manuel Santos puso en duda la necesidad de su permanencia.
El jefe de Estado defendió en julio de 2013 los avances que ha experimentado Colombia en materia de Derechos Humanos, dijo a la Alta Comisionada de la ONU que el país estaba discutiendo "
si realmente vale la pena prolongar el mandato" y destacó que, en caso de alargarse, "sería por muy corto tiempo".
Dicho discurso de Santos se produjo tan solo unos días después de que la Oficina de la ONU y el Gobierno se enzarzaran en una polémica porque el Ejecutivo consideró "irresponsables" las denuncias de la organización sobre los
excesos de la fuerza pública en las protestas campesinas de la región del Catatumbo.
Finalmente y tras aquella polémica, el Ejecutivo decidió renovar por un año la presencia del Alto Comisionado, una estancia que ahora se prolongará, al menos, dos años más.
La labor fundamental de esta Oficina de la ONU es el asesoramiento al Gobierno en la definición global y puesta en práctica de políticas en materia de derechos humanos así como el
ejercicio de una veeduría permanente de la situación humanitaria en el país.