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No fue satisfactoria la discusión del informe sobre competitividad cafetera que presentó la semana pasada Juan José Echavarría, coordinador de la misión de alto nivel nombrada por el Gobierno para estudiar la competitividad de la caficultura en Colombia. Los opositores manejaron hábilmente la información de medios para darle entierro de pobre al informe. No se le hizo honor al trabajo realizado por la misión ni hubo oportunidad para conocer a fondo los estudios que grupos de expertos llevaron a cabo sobre algunos puntos cruciales para el futuro de la caficultura en Colombia. Entre ellos debe destacarse el que analiza las instituciones cafeteras a cargo de Eduardo Lora, Marcela Meléndez y Mariano Tomassi que concluye que deben cambiar radicalmente la política, las formas de intervención y las instituciones cafeteras, un cambio de chip que merece un debate público amplio y sostenido.
El estudio propone convertir a la Federación de Cafeteros (FNC) en una organización privada que competiría en el mercado en igualdad de condiciones, y que se adopten ciertos principios entre los que se destacan liberar y desregular las exportaciones de café, eliminar el registro y la autorización para exportar que hoy expide la FNC, cambiar la naturaleza y el objetivo de los estándares de calidad que hoy se usan para limitar arbitrariamente las variedades exportables. Las actividades comerciales e industriales de la FNC no podrían financiarse con impuestos u otros recursos públicos y deberán pagar impuestos como lo hacen los competidores.
La FNC renunciaría a su papel de regulador y la política cafetera pasaría a ser responsabilidad del Gobierno como en todos los demás sectores. Cenicafé se transformaría y podría decidir sus campos de acción de acuerdo con las necesidades del mercado sin sujetarse a las directrices impuestas por la FNC que limitan severamente la competitividad cafetera. El servicio de extensión cafetera se especializaría y pasaría a atender prioritariamente a los productores más pequeños. No se destinarían recursos de la contribución cafetera ni otros recursos públicos al financiamiento de la operación de puntos de compra ni a la compra de café. Esto implica que se elimine la garantía de compra de café excepto en regiones en donde no opera el mercado.
Estas propuestas implican un revolcón total de la política cafetera orientado a desmotar privilegios injustificables que hoy disfruta el sector y a hacerlo competitivo. Por esas razones, el informe no fue bien recibido. Se montó una oposición frontal en contra de las conclusiones del estudio de la misión por parte de la Federación de Cafeteros, que no tiene interés en cambiar, y de Dignidad Cafetera que quiere conservar la garantía de precio interno para todo caficultor y ante todo el subsidio cafetero que con un valor de $1,3 billones se repartió entre 385.000 productores cafeteros en forma inequitativa (el 60 % lo recibió el 10 % de los caficultores, no precisamente los más necesitados). Este subsidio tiene un origen político. Se otorgó para desmontar un paro cuya resolución creó un indeseable precedente para resolver los problemas que han surgido y surgen en otros sectores productivos.