Con el agresor en el hogar

EL COLOMBIANO abrió su pasada edición dominical con un tema de fondo que reveló el dramático incremento de la violencia en el interior de los hogares. Con testimonios reales, estadísticas, opiniones de expertos y una encuesta que evaluó la percepción actual, dimos cuenta de un fenómeno social que crece, casi incontrolable, a la vista de todos y ante el silencio de muchos. En un gran porcentaje tiene a la mujer como víctima (83% de los casos), pero con graves efectos para el futuro de los hijos y el resquebrajamiento de la sociedad, desde su cimiento mismo que es la familia.

Cada año, el número de denuncias ante las Comisarías de Familia y la Fiscalía supera al anterior, evidenciando que se trata de un delito con un enorme impacto social. Pese al incremento, se estima que la realidad es peor, por el miedo a denunciar. Tan diversas son las razones para aguantarse en silencio, como las causas que originan el maltrato físico y psicológico. En el fondo se entrelazan en hogares con carencias económicas, escasa educación, abuso de alcohol y drogas, predominio de celos, machismo, baja autoestima y dependencia emocional. Pero también hogares disfuncionales, de todos los estratos y condiciones, con déficit de valores.

Por desgracia, muchas mujeres, como lo revela el informe periodístico, aguantan en silencio el maltrato y solo se atreven a confiárselo a algún amigo cercano. Cuando se deciden a acudir a las autoridades, para denunciar o pedir ayuda, es porque el agresor cruzó límites que pusieron a la víctima o a sus más allegados en riesgo de muerte. Y a veces es demasiado tarde.

No es mucho lo que ha avanzado la legislación colombiana en desarrollo de lo consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que "cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la Ley". Antes por el contrario, podríamos estar retrocediendo, pues a las normas dispuestas en las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000 que disponen algunos mecanismos de protección, el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011 más conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana vino a poner una talanquera, al convertir la violencia intrafamiliar en un delito querellable, esto es que no puede ser investigado de oficio ni que cualquier persona puede denunciarlo, sólo la víctima.

Con el enemigo adentro, muchas situaciones de violencias físicas y psicológicas pasan desapercibidas y pareciera que existe un cierto comportamiento anestesiado de la sociedad, incluso en casos que cobran gran relevancia pública y que suelen ser "justificados".

Frente a ese gran número de personas, en particular mujeres, niños y ancianos, que sufren maltratos en su familia, es vital atreverse a romper el silencio y denunciar, pues la resignación no calma al agresor o a la agresora, sino que por el contrario los envalentona y cada vez las agresiones serán mayores. Hay golpes que no producen una huella visible en el cuerpo, pero van dejando una marca en el alma de las personas, que ensombrece sus vidas. Nadie está obligado a vivir bajo el mismo techo con quien le provoca daño en forma reiterada, física o emocionalmente.

A este flagelo, de grandes dimensiones, hay que ponerle remedio con denuncia social, con formación en valores y con autoridades que presten un apoyo eficiente a las víctimas, pues de nada vale denunciar si la Justicia no obra contra la persona que ejerce maltrato en el hogar y esta regresa a golpear con más furia.