Con reforma ambiental pagan justos por pecadores

La corrupción y el clientelismo que campean en muchas de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país, dejó de ser un secreto a voces y llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas extremas, al punto que quiso acabarlas en el marco de los decretos de emergencia.

Sobre la marcha esta decisión se corrigió, se habló de solo eliminar algunas, cinco para ser exactos, pero de paso se modificó el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, que regula el funcionamiento de las corporaciones autónomas y del Área Metropolitana como autoridad ambiental. "Por el mal funcionamiento y la corrupción que se presenta en algunas de las CAR vamos a pagar justos por pecadores", manifestó Mauricio Faciolince, director del Área.

Agregó que la medida desconoce la labor adelantada por la entidad en el Valle de Aburrá, en la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Medellín, y los estudios complementarios de sus microcuencas. "Nos quita la potestad sobre los recursos hídricos y se la otorga a Corantioquia, partiendo de esta manera en dos a la autoridad ambiental".

Según el decreto: "Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que respecta a la protección y conservación del medio ambiente en las áreas urbanas, a excepción de la elaboración de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso hídrico".

Tampoco tiene en cuenta las inversiones realizadas para la descontaminación de las fuentes de aguas ni la prevención y mitigación de riesgos en los municipios del Aburrá, "que demostraron sus beneficios en la reciente ola invernal", anotó.

Señaló que la decisión del Gobierno genera graves consecuencias sociales y económicas para el Valle de Aburrá y va en contra del proceso de integración regional que se ha adelantado durante los últimos 30 años de existencia del Área. También ocasiona un caos administrativo para el trámite de múltiples quejas y solicitudes que adelantan empresas, entidades públicas y privadas y la ciudadanía en general. "Esto significa que si alguien necesita un permiso tendrá que pedirnos a nosotros la mitad y la otra a Corantioquia", dijo.

Para dar traslado a la nueva autoridad competente, el Área Metropolitana suspendió el trámite de las 300 solicitudes actualmente en curso, tanto de obras públicas como privadas, hasta nueva orden.

Mandatarios y gremios
Camacol Antioquia confirmó lo dicho por Mauricio Faciolince: 300 proyectos de construcción públicos y privados quedan paralizados por la aplicación del decreto 141. "En este caso se estaría introduciendo un componente de demora en todos los proyectos de construcción", manifestó Eduardo Loaiza, gerente del gremio constructor.

Por su parte los alcaldes de Medellín, Bello, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Copacabana y Girardota manifestaron de forma unánime que el decreto atenta contra el desarrollo integral del territorio metropolitano y pone en peligro la ejecución de importantes obras públicas.

Sectores como el de la construcción y la industria también se ven afectados por el traslado de los trámites de las licencias ambientales, dijeron. Agregaron que importantes proyectos de los planes de desarrollo de las alcaldías del Valle de Aburrá también podrían verse afectados.