Condena a Salazar reduciría la colaboración

Emitir una condena "muy alta" y además con beneficio de casa por cárcel a Juan Camilo Salazar, primer exfuncionario público condenado por irregularidades en Agro Ingreso Seguro (AIS), tiene al juez Giovanni García a punto de ser investigado por el Consejo Superior de la Judicatura.

La pena de 10 años y tres meses de detención, luego de un preacuerdo entre la Fiscalía y Salazar, es para Fabio Espitia, abogado defensor del condenado, una decisión apresurada que pone en duda "un instituto tan importante como el de la negociación de penas". Según Espitia, esto se presta para que futuros sindicados se nieguen a colaborar con la justicia.

Juan Carlos Álvarez, abogado penalista, indica que no está de acuerdo en que se investigue a García, porque en caso de que en el preacuerdo no se establezca una pena "el juez es autónomo de imponer la condena. Así lo garantiza la constitución".

Sin embargo Álvarez considera que la pena "es muy alta" y que en caso de que se compruebe la equivocación del juez la decisión puede ser invalidada.

El analista aclara que " no siempre que se revoca la decisión de un juez, éste es investigado, a no ser que viole la ley de manera manifiesta o grosera".

¿Casa por cárcel?
La prisión domiciliaria es la otra parte de la sentencia emitida por García que causa polémica. Para el Consejo Superior de la Judicatura incurre en contradicción con la "ejemplarizante" pena.

El magistrado Ovidio Claros Polanco, vicepresidente de la Sala Disciplinaria de la entidad, afirmó que "hay algunas inquietudes en torno a si una persona condenada por un delito contra la administración pública tiene derecho a pagar su sentencia en la casa". También anotó, que el caso ya fue asignado a la seccional de Bogotá para que sea revisado respecto a la norma.

La defensa del exviceministro, aunque no comparte el tiempo de la condena, está de acuerdo con que la condena se pague bajo detención domiciliaria.

"La ley permite que en los delitos en los cuales exista una pena mínima fijada se conceda este beneficio", advierte Espitia, quien afirma además que los cargos atribuidos a su defendido dan para cerca de cinco años de prisión.

El penalista Álvarez destaca que hay normas en la ley anticorrupción que permiten, en caso de delitos cometidos contra la administración pública, que ante acuerdos y aplicación del principio de oportunidad se puede establecer la prisión domiciliaria.

Por ahora la polémica de si hay o no irregularidades en la sentencia continúa y el caso podría pasar a las listas de espera para ser analizado por el Consejo Superior de la Judicatura, si se tiene en cuenta su importancia.

Vale recordar que Juan Camilo Salazar fue condenado por su papel en el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), destinado a pequeños y medianos empresarios del campo colombiano.