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Un país pobre, un científico sin escrúpulos, la sífilis y la gonorrea son los elementos de una historia que ha conmocionado al mundo.
Una investigadora de la Universidad de California en 2010 y la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos Bioéticos del Gobierno de Estados Unidos a finales del mes pasado revelaron uno de los más oscuros capítulos de la ciencia que el diario más influyente de Guatemala no dudó en calificar como "una monstruosidad". El calificativo se queda corto.
Cinco mil 500 guatemaltecos engañados, 1.300 infectados y 83 fallecidos es el funesto balance que dejó el doctor John Cutler, y sus investigaciones con enfermedades de transmisión sexual, a su paso por el país centroamericano.
El estudio financiado por el Gobierno de los Estados Unidos entre los años 1946 y 1948 inoculó deliberadamente las bacterias en trabajadoras sexuales, soldados, indígenas y hasta niños mientras se les hacía creer que estaban contribuyendo con el avance de los tratamientos con penicilina.
Casi de forma paralela los nazis utilizaron técnicas similares con los prisioneros de los campos de concentración. Más adelante, Cutler trabajaría para el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos en el experimento Tuskegee, el cual tuvo una duración de 40 años y registró la progresión de la sífilis en cerca de 400 afroamericanos analfabetos de Alabama, quienes fueron desinformados por los médicos y nunca recibieron el tratamiento adecuado con penicilina, a pesar de que su efectividad había sido comprobada desde 1947.
A partir de estos episodios, nacen parámetros de la bioética consignados en documentos como el Código de Núremberg (1948), la Declaración de Helsinki (1964) o el Informe Belmont. No obstante, los grandes errores en investigación continúan.
Todo parece indicar que el más reciente ocurrió en el año 1996, en Nigeria. Durante los años 90, la farmacéutica Pfizer llevó a cabo estudios con un medicamento para tratar la meningitis. Cuatro menores fallecieron y cerca de 200 sufrieron secuelas que los demandantes atribuyen a la intervención médica.
Después de una dura batalle legal, se conoció recientemente que los familiares de quienes fallecieron recibirán 175.000 dólares de parte de la compañía.
¿Y nosotros?
Casos como estos llevan de forma inevitable a la pregunta: ¿puede ocurrir algo similar en Colombia?
"No puede pasar", es la respuesta de Rosalba Durán, experta en filosofía, miembro del comité de ética de la Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la Universidad de Antioquia.
"Tendría que ser un doctor Frankenstein que tenga medios propios y esté a espaldas de la academia y los equipos científicos. Eso en este momento no ocurriría", asegura.
"Desde que se haga una buena práctica clínica, que pase un efecto adverso es muy difícil", complementa Águida Torres, quien también pertenece al comité de ética de la SIU y aporta sus conceptos desde el punto de vista del Derecho.
Los expertos aclaran que el método contemporáneo es exigente. Para que los resultados de una investigación sean publicados en las revistas científicas -lo cual sirve de termómetro para medir la importancia de una investigación-, se requiere que éstas hayan contado con el visto bueno de un comité de bioética, que los pacientes hayan sido informados de forma adecuada y accedido libremente a participar.
Que una multinacional venga al país a desarrollar ensayos clínicos como si fuéramos conejillos de indias, es algo improbable para Iván Darío Vélez, también miembro del comité de la SIU. "El problema es la investigación nacional", asegura.
Falta impulso
Para Vélez, director del grupo de investigación Pecet, el país está atrasado en evaluaciones clínicas pues "no hay monitores clínicos, auditores, grupo de manejo de datos, seguros, comités de ética bien hechos".
"Sabemos de primera mano que hay hospitales universitarios de todo el país donde se están haciendo evaluaciones clínicas que no siguen los criterios del Invima, que ni siquiera han sido presentados al Invima o validadas por comités de ética", advierte.
Cuenta que la falta de empresas aseguradoras que cubran estas investigaciones -como lo exigen los estándares internacionales- y un trámite ante el Invima que puede tardar en promedio hasta ocho meses, ha provocado que algunos investigadores se salten la norma.
Dice Vélez que la ley de regalías, la cual destinará recursos a la investigación, supone una oportunidad única para poner a tono la regulación con el resto del mundo: "Necesitamos que se den las facilidades y los programas para ir habilitando los centros, capacitando a la gente y la cultura en los médicos de que así como es muy importante la investigación, es muy importante que esta investigación se haga con estándares internacionales, parámetros de calidad y siguiendo la parte ética".