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Tal parece que la creación de juzgados para descongestionar la Rama Judicial se convirtió en costumbre en Colombia, cuando cada año se vencen los términos para ponerle fin a la acumulación de procesos.
Este año no fue la excepción y el pasado 31 de julio, la Rama Judicial emitió las directrices de este periodo que irán hasta diciembre de 2013 en algunos casos. El problema es que se suprimieron juzgados de descongestión que llevaban procesos, y ahora el ciudadano de a pie no tiene ni idea de qué hacer con sus trámites judiciales.
Esa decisión, que se toma cada año, consiste en poner en funcionamiento toda una red nacional de juzgados para tratar de descongestionar la Justicia, una especie de ejército de jueces que ayudan a los jueces de planta a evacuar procesos.
El plan en el papel es bastante eficiente, el problema es que se debe reafirmar cada año, se le pueden hacer los cambios que los presidentes de las cortes consideren, y no siempre tienen de por medio un plan de implementación que no cause traumatismos a los ciudadanos.
Según,
Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional;
Pedro Alonso Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura;
Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y
Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, se dio "continuidad a las medidas de descongestión hasta el 30 de septiembre y una prolongación de las mismas hasta el mes de diciembre".
El problema es que de un día para otro, se decidió suprimir y crear juzgados, sin contar para ello con el tiempo necesario de adecuación, lo que en la práctica genera que un ciudadano que hace una semana le habían agendado su diligencia judicial, llegue a su juzgado y encuentre que está cerrado y sin juez.
Según
Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, sindicato de la Rama, "existe un caos total, por poner un ejemplo, en Medellín, en donde se han disminuido en 20 los juzgados de descongestión, quedando solo tres. Los juzgados de descongestión valen 33.000 millones de pesos cada mes y no alcanzan a evacuar procesos".
Al respecto
María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados indicó que "el acuerdo se empezó a efectuar sobre la marcha, de manera muy apresurada, pues se firmó el pasado 31 de julio y aplica desde el 1 de agosto. Eso generó un trastorno administrativo que requiere movimientos de procesos, porque se devuelven de los juzgados que desaparecieron y requiere tiempo para hacer inventario y para informar al usuario".
Según Otálvaro, en caso de que el Gobierno y la Judicatura no atiendan las denuncias, Asonal "no descarta movilizarse para generar conciencia de la necesidad de los nombramientos, pues estamos trabajando a un 200 por ciento".
Vencimiento de términos
La primera de las consecuencias es el vencimiento de términos de los procesos judiciales, que permite dejar a procesados en libertad. Incluso "personas que están en procesos penales, por ejemplo, porque los términos no se amplían, son perentorios", señaló el dirigente sindical.
"Existen 60 días para que un fiscal acuse, de lo contrario se libera al detenido. O 120 días para que se desarrolle el juicio, si no se procederá a la libertad. Entonces si un juez está conociendo el caso y se le vencen los términos, tendrá que dar libertad", agregó.
Detrás de toda la polémica por la congestión se encuentra un problema estructural, según indicó
Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. "Las medidas de descongestión deben ser coyunturales y temporales, pero llevamos mucho tiempo con ellas, lo que muestra es que el problema es estructural".
Agregó, "entonces lo que se tiene que hacer es adecuar la planta del poder judicial. Hay unos cargos que hay que crear de manera permanente, pues las medidas de descongestión dan para todo: para una nómina paralela, para alimentar apetitos burocráticos, pero también se dan por necesidad".