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La Contraloría General de la República abrió investigación preliminar en contra del Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego; el director del Invías, Enrique Martínez; y los directores de esa entidad desde 2007, para establecer si hay responsabilidad fiscal por el no pago de dineros por una conciliación a las firmas contratistas que ejecutaron obras con esa entidad.
El contralor Julio César Turbay Quintero señaló que es lamentable que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir con las sentencias de los jueces y luego el Estado termine pagando con el dinero de los colombianos cuantiosas sumas por intereses.
“Es una práctica que no se puede generalizar en la administración, porque cada día son más los intereses que debe pagar el Estado por culpa de la negligencia de los funcionarios públicos”, anotó.
El caso
El caso se refiere específicamente a una demanda de 150.000 millones de pesos, en donde se logró una conciliación entre algunas empresas y el Invías, en la que se estipuló el pago entre las partes por 74.000 millones de pesos.
La conciliación fue aprobada por el Tribunal de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero el Invías a la fecha no ha procedido a pagar, según reveló la Contraloría.
De acuerdo con ello, el Invías canceló 13.951 millones de pesos, quedando un saldo por cancelar de 60.048 millones de pesos, lo que representa un pago adicional de cerca de 37.957 millones de pesos por concepto de corrección monetaria e intereses.
Ante el hecho, el Contralor hizo un llamado a las entidades públicas, respecto a la “obligatoriedad de los fallos y pronunciamientos definitivos de los tribunales, dado que su desconocimiento puede dar lugar a cuantiosos pagos a cargo de las instituciones que generan graves detrimentos al patrimonio público”.