viernes
7 y 9
7 y 9
Cifras aportadas por la organización Trasparencia Internacional (entidad encargada de medir los índices de percepción de corrupción-IPC) señalan que nuestro país se encontraba hasta el año 2013 en el puesto 94 a nivel mundial en un grupo compuesto por 117 países.
La corrupción es un fenómeno complejo y multiforme, pero en este caso me ocuparé de aquella corrupción que se relaciona con la noción generalizada que implica el aparato estatal y que se evidencia en la acción pública. Desde 1996 es posible advertir cómo todas las entidades bancarias supranacionales sumaron esfuerzos para combatir la corrupción, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial, al igual que el BID se sumaron a esa tarea. El dinamismo de la corrupción teje una estrecha red de relaciones y un melindroso sistema de complicidades que causan una serie de afectaciones de la planeación económica de los países, a la vez que supone un panorama desigual en lo concerniente a la competencia de intereses públicos y privados. Así mismo, anula la transparencia y la cotidianidad social.
Algunas soluciones
Una de las soluciones a los problemas de la corrupción deberá consistir en un nuevo equipamiento educativo basado en la ética, así como renovado papel de los medios informativos en el que su función no sea encubridora ni entorpezca la acción de la justicia.
Debemos aceptar la fragilidad moral del ser humano como individuo, por lo tanto todo aquel que tenga influencia sobre los presupuestos públicos debe estar vigilado constantemente. La transparencia no evita la corrupción per se, pero sí crea la sensación para quien toma las decisiones de que verdaderamente esas medidas serán cuestionadas y pueden tener consecuencias; también permite a los ciudadanos comprobar que su dinero pagado vía impuestos está siendo gestionado correctamente, lo que redunda en una mayor confianza en las instituciones.
En cuanto al castigo, me refiero al castigo público por encima del judicial (que llega después, mucho después). Nuestra falta de sentido democrático permite que los políticos mientan, cometan delitos, se aprovechen de sus puestos públicos, sin que por parte de la sociedad exijamos dimisiones o responsabilidades. De esta forma, aceptamos y fomentamos este tipo de conductas en lugar de erradicarlas.
El caso de Brasil
En Brasil, para que tengamos una perspectiva más amplia, se presentan fenómenos como desvíos de recursos en órganos municipales y estaduales, pago de coimas, sobrefacturación de productos y servicios, utilización de empresas "fantasmas", lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Los casos que más llaman la atención están en las empresas del sector de pavimentación asfáltica, quienes manipularon licitaciones públicas en el estado de Sao Paulo, simulando competencia entre sí con el objetivo de sobrefacturar obras.
La lucha anticorrupción brasileña ha estado liderada por su Ministerio Público, al implementar unas medidas sanadoras en las licitaciones públicas en los estados de Bahía, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Río Grande do Norte, Río de Janeiro, Rondonia y Sao Paulo, generando legislaciones sobre licitaciones más claras y en las que existe una participación mayor de las comunidades ciudadanas interesadas: comunidades a las cuales se les construyen obras innecesarias, partidos políticos, periódicos, sindicatos de trabajadores, y especialmente organizaciones de la sociedad civil.
En esa línea de acciones, se deben abrir los canales de participación ciudadana en Colombia, al menos aquellos que guardan relación con la inversión de fondos públicos para propiciar la sensación de transparencia en el público receptor de la inversión social y, a su vez, establecer una infinidad de ojos vigilantes sobre quienes tienen la tarea de destinar, canalizar y ejecutar los recursos.
*Coordinador Área Ciencias Sociales Escuela de Ingeniería de Antioquia.