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Las dudas existentes sobre quienes podrán hacer política a la luz del polémico Marco Jurídico para la Paz quedarán zanjadas cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema, a propósito de una
demanda que el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, presentó en contra del artículo tercero de dicha normatividad.
Como primer paso para emitir dicho fallo,
se realizará este martes en la Corte Constitucional una audiencia en que los magistrados escucharán todos los puntos de vista sobre este tema. Están citados el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el Procurador General, Alejandro Ordóñez; el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; y representantes de sectores académicos.
El artículo cuestionado es el tercero del Acto Legislativo 01 de 2012, que creó en la Constitución un artículo transitorio, el 67, y que dice que una ley estatutaria será la que regule los delitos que sean considerados como
conexos a los delitos políticos para los efectos de participación en política.
Así, expresamente señala, que los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se hayan cometido de manera sistemática no pueden ser considerados como conexos al delitos político y, en consecuencia,
sus responsables no podrán participar en política ni ser elegidos.
Para el demandante, Rafael Guarín, esa disposición vulnera ocho artículos de la Constitución Política, en especial, la prohibición de que una persona condenada pueda aspirar a cargos de elección popular, permitiendo que responsables de algunas
infracciones graves a los Derechos Humanos no tengan castigo y sus responsables puedan hacer política.
Uno de los argumentos más fuertes en este debate lo ha dado el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien tiene por función constitucional el deber de
emitir conceptos ante la Corte sobre cada norma que sea demandada.
Así, para el Ministerio Público la norma termina permitiendo que los crímenes de guerra, se haya cometido o no de manera sistemática, sean delitos conexos al delito político y sus responsables podrán hacer política. Además, dice la entidad, como la Corte ya fijó una posición sobre todo el Marco para la Paz en una anterior decisión y fijó parámetros de
interpretación del mismo, podrían darse situaciones con las cuales no está de acuerdo:
Que haya personas que sean seleccionadas para ser investigadas y luego sean condenadas por haber cometido delitos contra la humanidad y de genocidio, pero no de manera sistemática, y por eso puedan participar en política. O bien, que
un máximo responsable de un crimen de guerra cometido de manera sistemática sea investigado y condenado, pero simultáneamente pueda participar en política.
Estas posibilidades, dice la Procuraduría, son una vulneración a la igualdad y una sustitución de la Constitución porque permite que victimarios de algunas violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y de
delitos transnacionales como terrorismo y narcotráfico, puedan participar en política a pesar que el Estado tiene el deber de perseguirlos judicialmente.
En contra parte, otro de los protagonistas en este debate, el fiscal Montealegre, ha dicho que si se está hablando de un proceso de Justicia Transicional para que, por ejemplo,
las Farc se desmovilicen y dejen armas, es necesario crear canales para su participación en la política.
Ha dicho que en efecto la limitación de la Constitución es para los condenados, para los responsables de delitos de lesa humanidad únicamente y que el resto de no condenados por delitos al Derecho Penal Internacional, sí lo podrán hacer.
“
No han existido condenas por parte de ningún juez de la República por lesa humanidad, existen investigaciones para establecer posibles delitos de lesa humanidad, y crímenes de guerra, no hay condenas que lo inhabiliten”, dijo Montealegre en su momento.
En todo caso, la audiencia de este martes servirá para que el magistrado ponente Alberto Rojas Ríos elabora su ponencia que, según dijo, será presentada el 27 de junio a fin que haya una
decisión final sobre el tema entre el 23 y 24 de junio, fecha última que la Corte tiene para pronunciarse.