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En los dos últimos números de la publicación de Fedesarrollo "Tendencias económicas" se ilustran los costos que para el país tiene la política comercial agrícola y la falacia que resulta afirmar que el TLC con Estados Unidos es el culpable, por el daño que ocasiona a la oferta nacional, de la situación que se vive en el campo y la que, en apariencia, es el principal detonante de los paros agrícolas.
Según Fedesarrollo, "la política comercial basada en la restricción a las importaciones ha desfavorecido a los consumidores colombianos y, en particular, a la población rural, donde los niveles de pobreza son mayores".
Al analizar el caso concreto del arroz, un estudio reciente de Juan Mauricio Ramírez y Daniel Gómez encuentra que, al pasarse de un escenario comercial como el actual -que se caracteriza por la restricción a las importaciones y por un arancel alto- a uno de libre comercio, el resultado sería mayor consumo nacional, menor producción local, aumento en las importaciones y menores precios para el consumidor final.
La consecuencia de una liberación del comercio del arroz sería una mejora en el bienestar de los consumidores, pues aumentaría su consumo a precios más favorables.
Pero, para un país como Colombia, en el que los niveles de pobreza aún continúan siendo altos, especialmente en las zonas rurales, la protección a la producción de bienes agrícolas que, como el arroz, tienen un alto peso en la canasta de alimentos de la población, en particular en la de los más pobres, tiene efectos perversos sobre los niveles de alimentación y de pobreza de estos grupos.
El mencionado estudio encuentra que el diferencial de precios que ha implicado la protección a la producción del arroz en Colombia ha llevado a que "más de 1.2 millones de personas permanecen en la pobreza y cerca de 450 mil en la pobreza extrema".
De esta forma, a cuenta de "proteger las rentas de algunos productores arroceros […] generando aumentos sustanciales en los precios domésticos" se perpetúa la pobreza en Colombia.
El caso del arroz, producto en el que la política agrícola, en lugar de promover la productividad y la competitividad, ha estimulado la generación de rentas, ilustra, diáfanamente, los altos y perversos costos que para el resto de la sociedad implica la protección agrícola. Valga decir, como se explicó en una anterior columna, que la producción de arroz tiene la capacidad de enfrentar exitosamente la competencia externa.
Estos casos de intervención en los mercados agrícolas, que a raíz de los paros han derivado en mayores actuaciones en los mismos, en crecientes medidas de protección y en la limitación a las importaciones y, por ende, en mayores precios al consumidor final, deberían llevar a la sociedad colombiana a reflexionar sobre el tipo de política sectorial que se debe promover.
En este orden de ideas, para la política agrícola no sólo debe importar el bienestar de los productores agropecuarios sino también el de los consumidores, especialmente el de los más pobres, pues estos son quienes, al final, cargan con el mayor costo de la protección.