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El general Antonio Indjai, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea Bisau, protagonizó dos violentos golpes de Estado en los últimos dos años, pero nunca estuvo en la mira de las autoridades internacionales hasta que lo ligaron con las Farc.
Quien encabeza la persecución en su contra es el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, quien el pasado 18 de abril le formuló cuatro cargos por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. "Antonio Indjai y muchos oficiales corruptos se vendieron a sí mismos y le pusieron precio a su país", declaró el acusador.
El trasfondo de este escándalo es la creciente relación de la delincuencia organizada de Colombia con sus pares de África y el Medio Oriente, que a través de embarcaciones, avionetas, correos humanos y empresas fachada mueven droga, armas y dinero blanqueado por el océano Atlántico.
El docente Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de Eafit, argumenta que "la ruta africana es una alternativa ante la presión de las fuerzas de seguridad en el Caribe, y un desplazamiento natural hacia el mercado europeo, que es grande".
Negocios en Guinea Bisau
En mayo de 2012 la DEA infiltró dos fuentes en una red criminal que ligaba a las Farc con supuestos militares y exoficiales deshonestos de Guinea Bisau, un país de la costa occidental africana caracterizado por gobiernos inestables, cuya población es la mitad de Medellín (1’600.000 personas).
En los seis meses siguientes, los infiltrados sostuvieron reuniones con los miembros de dicha red, simulando ser representantes de la guerrilla.
La idea era usar la nación africana como un punto de acopio para la cocaína colombiana, y distribuirla desde allí a Europa y Norteamérica. Los militares involucrados se quedarían con el 13% de la mercancía que pasara por su territorio.
El 02/6/12, el general Indjai estuvo presente en una de las juntas con un infiltrado y aprobó que la droga arribara a su país camuflada en un embarque de prendas militares.
El pacto también contemplaba la compra de arsenal para los insurgentes, en especial fusiles AK-47, lanza granadas y misiles tierra-aire para derribar los helicópteros de interdicción de E.U. en Colombia. La pretensión era que las Fuerzas Armadas ordenaran una adquisición de armas, de las cuales la mitad serían para los subversivos.
"Ustedes pueden hacer eso a través de mí... es a través del gobierno y yo soy solo un intermediario", dijo Indjai, y agregó: "pasado mañana hablaré con el Presidente de la República". Después, según la acusación S612Cr.839 (indictment ), pidió 20.000 euros como prueba de la "seriedad" de los infiltrados.
Entre el 2 y 4 de abril de 2013 fueron capturados siete sospechosos en Bogotá (2) y África (5), con fines de extradición; entre ellos estaban los supuestos narcos colombianos Rafael Garavito ("el Viejo") y Gustavo Pérez ("Gato"), "los enlaces para negociar la droga que produce las Farc y enviarla al exterior", según el reporte de la Dirección Antinarcóticos.
También cayeron tres exoficiales de la Armada de Guinea Bisau, incluyendo a su excomandante Jose Bubo Na Tchuto.
Un antecedente de similar magnitud fue la "Operación Implacable", ejecutada el 17/10/11 por agentes de E.U. y Liberia. El objetivo era el presunto narco colombiano Marcel Acevedo Sarmiento (ya extraditado), señalado de liderar una organización que exportaba cocaína desde Colombia y Venezuela hacia el continente negro.
Según el Departamento de Estado de E.U., Acevedo llevaba 20 años en el negocio y sus cargamentos eran protegidos por las Farc; fue capturado con ocho supuestos secuaces.
Los "amigos" de Al Qaeda
Análisis de la DEA concluyen que, cuando la droga llega por mar y aire a Guinea Bisau, Ghana y Nigeria, es almacenada en búnkeres subterráneos y guaridas urbanas.
Luego inicia un periplo por tierra en camiones con caletas, vía Mali, hacia el norte del continente. De allí pasa a Europa usando las costas de Marruecos, Algeria y Libia.
Este tránsito quedó al descubierto el 16/12/09, con el arresto en Ghana de tres miembros del clan islamista Al Qaeda. Su función era transportar la cocaína de las Farc después de su desembarco en la costa occidental, hacia el mar Mediterráneo y España. Un grupo de milicias rebeldes custodiaban la carga.
Uno de los capturados, Idriss Abelrahman, habló con un agente encubierto sobre los objetivos comunes de Al Qaeda y las Farc, incluyendo "la causa anti americana", tal cual reza en un informe del Departamento de Estado. Fue la primera vez que E.U. formuló cargos por narcotráfico contra ese grupo extremista.
Uno de los aprehendidos fue condenado a cuatro años de cárcel. Fuentes oficiales creen que el nexo entre ambas facciones aún perdura.
Buscando más dinero
Los estudios de la DEA y el Departamento de Defensa revelan que en la última década se duplicó el consumo de cocaína en Europa. Aunque llevar la mercancía hasta allá puede ser más costoso para las bandas colombianas, se arriesgan por la promesa de más ingresos.
Mientras que en E.U. un kilo del estupefaciente puede costar el equivalente máximo de $73’350.000, en el Viejo Continente alcanza los $183’370.000; y en el Medio Oriente, otro destino apetecido, la cifra sube a $256’718.000.
La Península Ibérica y los Países Bajos, especialmente los puertos de Barcelona, Rotterdam y Amberes, son predilectos para la llegada de cargamentos que antes atravesaron las exóticas tierras africanas, cuyo tránsito es favorecido por conflictos internos y fragilidad institucional.
"África representa un reto por la cantidad de contenedores que pasan por los puertos, la falta de inspectores entrenados e inteligencia investigativa, gobiernos débiles y la generalizada corrupción", decía un reporte presentado por la DEA en 2006 al Congreso.
Poco ha cambiado desde entonces, salvo el hecho de que no solo los suramericanos se aprovechan de los escasos controles en África, también los maleantes del suroeste asiático lo usan como plataforma para distribuir la heroína, y los narcos mexicanos para el acopio de precursores químicos para las metanfetaminas.
Escobar complementa que "en la costa occidental hay 17 países, todos con esquemas de seguridad débiles, lo que facilita el trabajo de los criminales".
El clan libanés
"Los grupos radicales islamistas y los narcoterroristas colombianos practican los mismos métodos de negocios", declaró en 2003, cual si fuera una premonición, el almirante James E. Hill, el entonces jefe del Comando Sur de E.U. Le preocupaba que en Suramérica y el Caribe había células activas de cofradías como Hamas (Palestina), Hezbollah (Líbano) y El Grupo Islámico (Al Gama’a al Islamiyya, de Egipto).
Y en su último periplo por el Cono Sur (abril de 2012), el entonces secretario de Defensa, Leon Panetta, expresó su molestia porque la Guardia Revolucionaria Islámica (de Irán) trataba de acrecentar su influencia en la región. "En mi libro, eso equivale a expandir el terrorismo".
En la actualidad, la cacería de los estadounidenses está centrada en el presunto capo colombolibanés Ayman Saied Joumaa, señalado de ser un enlace de Hezbollah en América.
El Departamento del Tesoro le congeló varias cuentas y bienes con la Lista Clinton y lo señala de dirigir una enorme red de narcotráfico y lavado de activos entre nuestro continente y el Medio Oriente, pasando por África, a través de importadoras fachada, bancos, casas de cambio y compraventas de vehículos.
El Tesoro lo relaciona con un clan conformado por 24 colombianos y libaneses, así como empresas en Barranquilla, Maicao, Cali, Medellín, Valencia (Venezuela), Colón y Ciudad de Panamá (Panamá), Beirut (Líbano), Cotonou (Benin), el Congo y Hong Kong. Su principal contacto en Colombia sería Ali Mohamad Saleh, quien tiene negocios comerciales en Maicao y también está reseñado en los estrados judiciales.
El dinero recaudado financia las actividades de la organización político militar Hezbollah (considerada terrorista en unos países, revolucionaria en otros), pero la célula también haría trabajos para narcos como "los Zetas", "la Oficina" y grupos venezolanos. Se presume que cada mes blanquean cerca de 200 millones de dólares, actividad en la cual serían especialistas.
La relación del clan libanés con "la Oficina" se destapó desde 2009, cuando el Tesoro aplicó sanciones a una estructura de 19 personas lideradas por Francisco Flórez Upegui, alias "don Pacho" (ya extraditado), presunto socio de dicha estructura mafiosa de Medellín.
Según la DEA, comenzó sus actividades ilegales en los años 80, con el cartel de Pablo Escobar. Cuando este fue desmantelado, "don Pacho" siguió exportando droga a E.U., Europa, África y Medio Oriente. Su imperio se derrumbó hace cuatro años con la "Operación Titán", donde también cayó Chekri Mahmoud Harb, alias "el Talibán", un militante de Hezbollah que decía trabajar para "la Oficina".
Los radicales también han tenido trueques con las Farc, como recuerda Escobar. "Durante los diálogos de paz en El Caguán (1998-2002), los guerrilleros compraron armas en Jordania, a gente de Hezbollah".
Hoy dos de los principales supuestos socios del crimen colombiano en África y el Medio Oriente están libres, aunque con cargos penales: el escurridizo capo Ayman Joumaa y el general Antonio Indjai.
El vocero oficial de Guinea Bisau, Fernando Vaz, solicitó a E.U. cooperación judicial para analizar los casos del alto oficial acusado y del exalmirante capturado Jose Bubo Na Tchuto, con la idea de juzgarlos allá, "si hay lugar a ello", pues considera que los estadounidenses vulneran la soberanía de su país con esas acciones.
Mientras tanto, el general Indjai parecía tranquilo cuando el diario The New York Times le preguntó sobre los señalamientos: "La gente dice que soy un narcotraficante, el que tenga las pruebas, ¡que las presente…".