
El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que uno de los grandes retos que afrontará ese órgano electoral durante el próximo semestre será "la velocidad en la actualización de los datos y la interoperatividad entre nuestro sistema y el que adopten otras entidades" para responder a la implementación del decreto antitrámites.
Y es que tras el anuncio del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que a partir del primero de julio de 2012, no se puedan exigir certificados de supervivencia, la Registraduría deberá participar en la verificación electrónica de la huella dactilar como una forma fácil, rápida y confiable de suprimir autenticaciones, constancias y certificaciones.
Por ello el registrador consideró que "el decreto señala que la Registraduría administrará la base de datos del Registro Civil de Defunción y que las autoridades o particulares que presten el servicio de Registro Civil deberán implementar los mecanismos tecnológicos necesarios para interoperar con la Registraduría, a fin de reportar en tiempo real los registros civiles de defunción tramitados en sus dependencias".
Este reto tecnológico significa que las diferentes entidades y particulares que deban cumplir con el decreto tendrán que contar con los medios tecnológicos necesarios para cotejar la identidad del titular de la huella con la base de datos de la Registraduría.
Actualmente Colombia cuenta con una base de datos de más de 750 millones de huellas dactilares que está articulada con la de registro civil. Al respecto Sánchez explicó que "esto permite dar certeza sobre la identidad de cada ciudadano a partir de su huella dactilar, sin necesidad de tener que utilizar el documento de identidad como tal".
Debido a que es necesario que a partir del primero de julio de 2012 se empiece a operar la posibilidad de verificar la huella de todos los colombianos en diversas entidades, en este primer semestre se deberán adquirir los dispositivos electrónicos necesarios para tomar las huellas de los mayores de 7 años.
El registrador explicó que ello implica "acondicionar las bases de datos de la Registraduría para que puedan ser consultadas por terceros y garantizar su actualización permanente y en tiempo real".
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