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El defensor del Pueblo,
Jorge Armando Otálora, le pidió a Medicina Legal una evaluación técnica que permita determinar con precisión los efectos que tendría sobre las personas el uso de las pistolas eléctricas o Taser.
De esta manera, el defensor también entró a terciar en la polémica que sobre estos dispositivos se desató tras la decisión de la Policía Nacional de iniciar un plan en Bogotá con el uso de 100 de estas armas disuasivas.
Otálora le solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional información más detallada en relación con los protocolos de uso que la Fuerza Pública les dará a los dispositivos Taser, con el fin de asegurar que sean utilizados de manera adecuada y que no se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos.
De la misma forma, el Defensor le solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses un concepto técnico en relación con los efectos que podrían tener estos elementos sobre la salud humana, particularmente de aquellas personas que sean puestas en estado de indefensión por parte de las autoridades.
A juicio de Otálora es necesario tener claridad sobre el uso y los riesgos de los dispositivos Taser, a fin de evitar que puedan ser utilizados por personas ajenas a la Fuerza Pública, o que en virtud de un uso inadecuado por parte de los uniformados pueda ocasionar accidentes incluso con consecuencias trágicas para quienes sean alcanzados por estos instrumentos, como lo han denunciado organizaciones de derechos humanos en otros países.