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La fragilidad por la que hoy atraviesan las instituciones democráticas en Venezuela dejó a ese país en la cola de los más corruptos de Latinoamérica.
Al conocer el ranquin revelado por Transparencia Internacional, analistas coincidieron en que el poder del Ejecutivo en el país vecino sobre todos los entes de control le hizo merecedor al país de Hugo Chávez Frías del último lugar, antecedido apenas por Paraguay, Honduras, Nicaragua y Ecuador.
Esto, sumado a históricas denuncias por la irregular distribución de los abundantes recursos petroleros, registros sospechosos de votantes y contratos estatales sin licitación previa, en las que se han visto involucrados ministros, jueces, militares, banqueros y ciudadanos del común.
Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional, explicó que en ese país el fuerte Poder Ejecutivo está "por arriba de todo lo demás", factor determinante en los criterios para establecer la corrupción de un país.
"El del Presidente es un poder que domina sobre las autoridades electorales y de justicia. No existe un balance de poderes en Venezuela, como existe en otros países", explicó Salas.
Chile y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que, en la posición 20, brillan junto a naciones desarrolladas en la lista encabezada por Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Esto significa que el resto de la región, desde Centroamérica hasta Argentina, pasando por México, se encuentra atrapada en la mitad más baja del índice.
Y es que pese que Latinoamérica ha vivido un auge económico durante la última década que ayudó a reducir el nivel de pobreza, ésta sigue siendo una de las regiones con mayores desigualdades del mundo.
"En América Latina, una extendida corrupción acentúa las desigualdades, debilita a las democracias, incita a la violencia y da pie para que el crimen crezca", argumentan especialistas de Transparencia Internacional.
En un intento por explicar por qué la corrupción se mantiene en esta región, Salas asegura que está arraigada en la política, en el gobierno, en las empresas y en la mentalidad ciudadana.
Encuestas y estudios indican que la población latinoamericana ha vinculado históricamente la corrupción con la policía, los sistemas de justicia, los partidos políticos y los parlamentos.
Las propuestas contra estos problemas son más de liderazgo de políticos y empresarios y una mayor conciencia a nivel ciudadano de la importancia de la democracia más allá de las elecciones.