Al menos cien pruebas, entre testimonios, documentos y testigos, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, sustentan la denuncia penal de un grupo de víctimas colombianas contra el presidente Hugo Chávez y las demandas al Estado venezolano que serán analizadas por la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Así lo aseguró a este diario el abogado penalista Jaime Granados, quien señaló que ayer fueron radicadas en las sedes de ambos tribunales internacionales (en Washington y Bruselas) los procesos contra Chávez, ante la CPI, y contra el Estado venezolano, ante la Cidh.
Según Granados, abogado en varios procesos del ex presidente Uribe, las demandas se realizan con poderes entregados a él por víctimas cuya identidad es confidencial por exigencia de los mismos organismos.
"Presentamos unas 100 pruebas testimoniales y técnicas (también confidenciales) para demostrar que la inacción del Gobierno venezolano ha derivado en violaciones de derechos humanos y otros delitos. Por eso también se solicita a la Cidh medidas cautelares de protección para varias personas que han sufrido intimidación por parte de grupos ilegales", agregó Granados.
El abogado desmintió que el ex presidente Uribe sea el demandante, como señalaron varias agencias de noticias, pero explicó que éste aceptó "servir como testigo de excepción, dado su conocimiento privilegiado de la situación con el Gobierno venezolano".
Estudiarán los procesos
Tanto la CPI como la Cidh anunciaron ayer que harán un estudio de accesibilidad para determinar si hay méritos para abrir una investigación.
El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, confirmó a la agencia Efe, en Buenos Aires, que el organismo "analizará" la "comunicación" contra el mandatario venezolano antes de decidir si abrirá una investigación.
"Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer eso y nosotros analizamos la información para ver si hace falta hacer algo o no (...) "La Fiscalía recibe comunicaciones de ciudadanos y organizaciones permanentemente. Y hay un procedimiento para analizarlas", señaló Moreno Ocampo.
Por su parte, Cidh, ante la cual fue demandado el Estado venezolano por supuesta permisividad con las guerrillas en su territorio, informó que estudia todas las peticiones antes de decidir si admite el trámite.
"Toda petición que llega a la Comisión tiene carácter confidencial hasta que haya una decisión sobre si es o no admisible", dijo a Efe una portavoz de la Cidh.
El examen de accesibilidad puede tardar hasta un año y medio.