Un nuevo capítulo se abrió en el proceso licitatorio mediante el cual la Gobernación de Antioquia rehabilitará seis vías del departamento con dineros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ocho días después de que un sector de la construcción mostrara su inconformismo, argumentando supuestos sobrecostos por más de 9 mil millones de pesos y que, por su parte, la Secretaría de Infraestructura entregara sus explicaciones jurídicas, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) presenta el resultado de sus propios estudios.
En cartas enviadas a la Procuraduría y al Zar Anticorrupción, el diputado a la Asamblea, Martín Alfaro García, había dicho que el proceso de selección de los oferentes tuvo en cuenta las propuestas más costosas, cuando la filosofía y las políticas del BID promulgan que se adjudiquen a las más bajas.
La Secretaría de Infraestructura, entre tanto, esgrimió en su momento que adjudicar al más bajo significaba un riesgo de no cumplimiento de las metas, como ha ocurrido en procesos anteriores.
Pues bien, el Comité de Contratación y Consultoría de la SAI ofició al director de la misma diciendo que, "analizados los argumentos presentados por cada una de las partes (...) no podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre un elemento que llama poderosamente la atención".
En el documento, el ingeniero Diego Zapata Gómez, coordinador de dicho Comité, declara:
"Si bien podríamos afirmar que las actuaciones de la Secretaría se ajustaron a los pliegos de licitación (modelo BID no Ley 80), los cuales específicamente establecen el derecho de la entidad de rechazar cualquier oferta sin que esté obligado a informar los motivos de tal decisión, sí nos parece pertinente que la Administración ofrezca las explicaciones necesarias sobre los procesos que respaldan sus actuaciones".
Independiente de lo anterior -prosigue la carta- "no nos parece conveniente para la misma Administración, que condicionamientos impuestos por el BID, según lo expresado por el funcionario de la Secretaría de Infraestructura, no permitieran incluir en los pliegos elementos adicionales que informaran a los proponentes algunos de los criterios que finalmente fueron utilizados para la escogencia de las ofertas.
El Comité concluye dos cosas. Primero: que "indiscutiblemente entender dicho condicionamiento generó, en los proponentes que no fueron favorecidos, dudas innecesarias. Segundo: se aplaude y se resalta el interés de la Secretaría de "no establecer como único criterio de adjudicación la oferta más barata", pero que, sin embargo, estos mecanismos deben ser conocidos previamente por los proponentes.
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