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En el exceso residen todos los males. Por ejemplo, en el exceso de poder. Sobre todo si está concentrado en unos pocos hombres, y si sus intenciones, amargadas por ese apego al poder del que viven, se dirigen a hacer todo lo que está a su alcance para no perderlo.
Esta semana se conocieron los resultados de la encuesta trimestral de Gallup que mide el clima político del país, con un particular interés en la manera como los colombianos nos estamos relacionando con nuestras instituciones, agentes públicos, funcionarios electos y en general, nuestra clase política.
Lo primero que llama la atención, y que recibió bastante cobertura por los medios, es la reducción de la confianza de los encuestados en las instituciones del país. Así, la Policía redujo su imagen favorable en ocho puntos porcentuales, la Contraloría en catorce, la Procuraduría en cuatro, la Corte Constitucional en catorce, y la Fiscalía en doce, respecto al mismo sondeo realizado en el mes de julio.
Ahora bien, esta crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones (particularmente de control y justicia), solo se puede entender bajo el caris de los últimos escándalos de la Contraloría y la Fiscalía, y del enfrentamiento, no solo ridículo, sino terriblemente perjudicial, entre los altos jefes de estas instituciones por lo que –parece- son poco más que rencillas personales camufladas entre supuestas ideas políticas encontradas.
La causa del bajón en la confianza y aprobación institucional se explica en los abusos del poder. Varios funcionarios de alto rango (asociados al Gobierno y no) han asumido que pueden manejar sus entidades y agencias públicas como fincas personales, que sus funcionarios son apenas mayordomos, y que por la defensa de la cerca de cada parcela, se puede abusar del presupuesto y de las funciones legales.
De igual forma, al asumir que todas las conciencias se pueden comprar, el mismo Gobierno Nacional se ha llevado una bonita sorpresa: que a punta de subestimar a los colombianos, algunas de sus torres de cartas se están empezando a derrumbar, que un entramado político no puede vivir sobre la idea de vender espejismos.
Es decir, que existe –por lejano que parezca en ocasiones- un límite que los colombianos están dispuestos a soportar de mezquindades y abusos de poder en las intrigas, engaños y discursos de su clase política. Y que el Gobierno Nacional, pero también varios jefes de instituciones del Estado, se han empezado a chocar contra esa rara expresión, pocas veces vista en la realidad política del país, que es la indignación de los colombianos.