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Aunque Colombia no tiene un papel preponderante en la escena mundial, la producción del oro ha sido importante en la consolidación de la economía nacional y forma parte de una de las llamadas "locomotoras" para el desarrollo. La estructura productiva se caracteriza por la alta presencia de explotaciones informales que no contribuyen a aumentar las tasas de inversión, generan poca tributación y aumentan los niveles de pobreza y desigualdad en las regiones productoras.
Condiciones del mercado del oro y la presión sobre los cultivos ilícitos, modificaron en Antioquia la cadena de valor con la aparición de los "mineros emergentes" -que han aumentado la explotación salvaje del oro en yacimientos aluviales con métodos mecanizados-, con lo cual se han incrementado los daños ambientales y se ha creado un ambiente favorable a la participación de grupos armados ilegales.
Las organizaciones criminales emplean dos tipos de intervención: una es directa, probable y de difícil identificación con la inversión en la minería emergente, atraída por los altos precios del metal en los últimos años y los altos costos de la producción de coca. La otra es con el cobro de las vacunas.
En las actividades primarias de la producción es donde hay mayor presencia de la criminalidad, manifiesta en el cobro de extorsiones ayudada en gran medida por la debilidad institucional para la regulación y control de la actividad económica. En la comercialización también hay altas posibilidades de intervención ilegal para el lavado de activos y, además, aparece una forma de corrupción con el manejo de las regalías.
La explotación ilegal en crecimiento y la participación de los grupos criminales tiene incentivos para mantenerse gracias al débil control del Estado y a la precariedad de la legislación minera.
Los retos
El primer reto de la política pública es reconocer la diferente naturaleza de los actores que intervienen en la cadena de valor y darles un tratamiento diferenciado. Para los mineros tradicionales se debe conocer las especificidades de su actividad y aproximarse a sus sistemas productivos, para generar los incentivos necesarios para que tengan en la formalización la mejor opción para seguir llevando a cabo la explotación.
Para los mineros emergentes, los incentivos de salida se deben centrar en incrementar el costo de permanecer en la ilegalidad, haciendo caer la rentabilidad de la minería salvaje.
En ambos casos es importante entender las conexiones que su actividad tiene con el territorio. Primero, porque la minería no legal está asociada con altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y, segundo, porque su vulnerabilidad ante la extorsión proviene de que su ubicación coincide muchas veces con la presencia de significativas organizaciones armadas.
Es importante sacar de la esfera local la fiscalización y control de la minería legal y disminuir la probabilidad de que el Estado se vea reducido en su capacidad de acción. Un control departamental o nacional, con instituciones más competentes, traería más eficacia en el control de la informalidad y judicialización de los criminales.
Hay que articular acciones, para reducir el tiempo transcurrido entre las sanciones administrativas de las corporaciones autónomas regionales y la judicialización por explotación ilegal del oro. Y hay que iniciar, en los ámbitos local y regional, estrecho control, y vigilancia a los compradores y comercializadores del metal, para sacar del mercado a quienes ayudan a lavar dinero del narcotráfico. Finalmente, estrategias técnicas, sociales y económicas que se puedan coordinar entre las autoridades y las empresas formales vinculadas al sector podrían ser de gran ayuda para articular y mejorar esta actividad tan importante para decenas de miles de familias antioqueñas..