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El hecho de que Colombia le esté ganando la guerra a la droga en términos de áreas cultivadas, producción de cocaína, cargamentos de cocaína incautados y descenso en el número de muertes asociadas a este negocio ilícito, no permite aún cantar victoria y menos aflojar en las políticas de lucha contra el narcotráfico y sus actividades conexas como el lavado de activos.
Se apresura el Gobierno al considerar que el mantener estables los cultivos en 48 mil hectáreas cultivadas da pie a plantear un giro en la política antidrogas, cuando aún seguimos siendo el segundo mayor productor mundial de hojas de coca, después de Perú, y que el consumo de drogas no ha disminuido en el mundo.
Colombia no puede dar paso, en forma aislada de la comunidad internacional, a políticas de legalización o descriminalización, salvo aquellas que estén orientadas a tratamientos integrales de las problemáticas asociadas con el consumo y los adictos, en cuanto a prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
Incluso en el seno de la ONU y de cara a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema de las drogas, que se realizará en 2016, se considera que cualquier política antidrogas tiene que tener un claro enfoque “equilibrado e integral, que aborde la oferta y la demanda”.
De acuerdo con el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito si bien es cierto que se han obtenido avances en la lucha contra este flagelo es mucho lo que falta por hacer, tanto en políticas internas en los países productores como en la corresponsabilidad que le cabe a los países consumidores.
Principalmente en lo que tiene que ver con el control al lavado de activos, al comercio de precursores químicos utilizados para el procesamiento de la cocaína y en políticas de resocialización y de cura de los drogadictos. El organismo estima que hay una población de entre 14 y 21 millones de consumidores de cocaína en el mundo. Y sólo uno de cada seis recibe tratamiento.
La prevalencia mundial de consumo de drogas, entre suaves, duras y sintéticas, se mantiene estable con unos 243 millones de personas. Es decir un 5 por ciento de la población mundial, de entre 15 y 64 años de edad.
Sin duda, Colombia ha adelantado su tarea con responsabilidad, con un alto costo de vidas humanas, sin un acompañamiento de los países consumidores, salvo el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, cuyos recursos ahora han ido disminuyendo.
Es muy positivo el reconocimiento que hace la ONU al compromiso adquirido por Colombia pues las plantaciones se redujeron en el mundo a niveles históricos gracias a las políticas de erradicación en varias zonas. Con un descenso del 25 por ciento, es el país que más cultivos de coca ha erradicado.
Gracias a la labor de Ejército y Policía se redujeron áreas de cultivos donde han sido posible acciones como la aspersión, la erradicación manual de cultivos y la sustitución de los mismos, lo que permitió una disminución del 13 por ciento en la producción de cocaína.
Si bien los cultivos ilícitos se presentan en 23 de los 32 departamentos del país, si se sobrepone el mapa de estos cultivos con el del accionar de las Farc, vuelve a confirmarse que en sus áreas de influencia es donde más se han incrementado, como son las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.
Comprender esta situación arroja luces sobre el alcance de lo acordado en La Habana con las Farc en el campo del narcotráfico, y sobre el gran impacto que a futuro podría tener, para derrotar este flagelo, una terminación del conflicto con esa agrupación subversiva.
HAY QUE REPENSAR LA POLÍTICA FRENTE A LAS DROGAS
Por ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Ministro de Justicia
El informe de Naciones Unidas es positivo en el sentido de mostrar una reducción importante en el número de toneladas de cocaína, pero eso no es suficiente, pues si uno mira el mapa sobre las zonas de cultivo, pues están o en zonas de conflicto o en zonas donde no hay mucha presencia del Estado o un desarrollo económico o social adecuado.
Eso nos tiene que hacer pensar que el problema no es simplemente represivo, que pasa por la represión, pero no se puede quedar ahí, porque hay un componente social y económico que debemos tener en cuenta para la orientación de una nueva política contra las drogas. Desde luego este es solo un aspecto del problema, los otros son el de la prevención, en el que tenemos que trabajar, y este va unido con toda una serie de políticas públicas en distintas áreas: educación, cultura, salud, entre otros. Pero esa política también tiene que ver con los acuerdos en La Habana.
Y lógico que como lo ha expuesto el Presidente en varios foros, se trata de “repensar”, en términos globales, todo el tema de la oferta, el tráfico y todos los delitos asociados como el lavado de activos y el mercado de precursores químicos.
Hemos utilizado todas las herramientas, incluyendo la extradición de nacionales, sin embargo, el problema aún subsiste, lo que nos hace pensar que tenemos que reflexionar sobre esa nueva política frente a las drogas que seguramente tiene que darse.