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En una decisión unánime, el Comando del Ejército Nacional destituyó a siete militares por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas ubicadas en el sector donde el pasado 14 de octubre fueron asesinados tres menores de edad en Tame (Arauca).
En un comunicado, el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, aseguró que "no permitirá violación a los Derechos Humanos ni al Derecho Internacional Humanitario por parte de ninguno de sus integrantes".
El Ejército nombró una comisión que "detectó fallas de planeamiento, conducción y control administrativo no relacionadas con los hechos criminales".
La Fiscalía General de la Nación, en sus primeras investigaciones, encontró en los elementos de campaña de varios soldados, rastros de sangre.
Los destituidos son los tenientes coroneles Germán Belalcázar Arciniégas y James Edison Pineda Parra.
Además, el mayor James Alberto Granada, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovani Torrijos Medina. También los cabos Juan Estevan Sánchez Bonilla y Robinson Javier Castro.
El Ejército Nacional puso a disposición de la Fiscalía a un oficial adscrito a la Brigada Móvil No.5, "quien presumiblemente podría estar relacionado con los hechos del día 2 de octubre de 2010".
Este decisión hace relación a la supuesta violación y posterior homicidio de otra menor de edad donde otros uniformados de la misma Brigada estarían implicados.
Las implicaciones
Si bien el asesinato de estos menores de edad produjo un repudio nacional, el Gobierno tomó las medidas pertinentes en el marco de su obligación en la promoción y respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Así lo consideró el analista político Alfredo Rangel, quien aseguró que la decisión que tomó el Ejército "está demostrando que existe la voluntad del alto mando para investigar y castigar sin dilaciones las conductas que atentan contra los derechos humanos de la población."
Concepto que compartió el sociólogo Fabián Sanabria, quien valoró como positiva la medida tomada por el alto mando militar.
"Estas sanciones son las que hay que aplicar cuando se detectan este tipo de violaciones a los derechos humanos. No es hacerle venias a los gobiernos extranjeros. Cuando se presentan fallas hay que corregirlas y punto", aseguró Sanabria.
Para León Valencia, director de la Corporación Arco Iris, "el Gobierno de manera valiente reconoce estas violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados. Es evidente que su compromiso es cero impunidad y apoyo a la justicia para todas estas cosas".
En el comunicado, el Ejército Nacional reiteró su disposición a contribuir en la investigación que adelanta la Fiscalía.
"En referencia con los lamentables hechos conocidos por la opinión pública, relacionados con la muerte de los tres menores de edad, el Ejército expresa nuevamente su repudio y manifiesta su contribución a la Fiscalía General de la Nación, que tiene el caso bajo su competencia, para que determine la verdad lo más pronto posible", expresó el Comando del Ejército Nacional.
En reiteradas oportunidades, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se pronunció en los días pasados repudiando este hecho y solicitando a las autoridades que se encuentren los culpables.