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Dentro de un mes, el Ministerio de Hacienda realizará la subasta prevista para vender el 57,61 por ciento con que la Nación controla a Isagén, la tercera generadora de electricidad del país.
Así lo anunció en la mañana de este miércoles la misma Isagén, mediante información relevante de la Superintendencia Financiera. En un documento del Ministerio de Hacienda, se precisa que las cuatro compañías extranjeras precalificadas tendrán hasta el 14 de agosto para presentar el sobre cerrado con los documentos requeridos para poder participar.
“El lugar en el cual se adelantará el trámite de subasta y adjudicación se indicará en el aviso que será publicado en un diario de amplia circulación en el territorio nacional en una fecha anterior a la Subasta, en el cual se dé a conocer el precio mínimo de las acciones en la segunda etapa”, agrega el documento.
El 22 de agosto, día de la subasta, entre las 8 y 9 a.m. se recibirá la oferta económica, también en sobre cerrado. Ese día se espera una puja entre las cuatro firmas extranjeras que se mantienen hasta ahora en el dilatado y accidentado proceso de enajenación y que entregaron propuestas desde el 26 de marzo pasado.
Se trata de la gigante asiática China Huadian Corporation, la española Gas Natural SGD (matriz de Gas Fenosa), la multinacional francesa GDF Suez (mediante su filial International Power, Ipsa) y la estadounidense Duke Energy.
En este listado no se incluye al estatal Grupo de Energía de Bogotá (EEB), luego de sus fallidos recursos jurídicos ante las restricciones de desinversión que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
También en el camino quedó el consorcio entre las estatales Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), de Brasil, y la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que la primera anunciara el 23 de junio pasado que no le fue “posible lograr una estructura financiera que permitiera alcanzar un retorno adecuado de la inversión para ser aprobada por su directorio”.
De tiempo atrás, también el Grupo Argos dijo adiós a una enajenación de acciones que el Gobierno anunció desde el 31 de julio de 2013 y ha despertado una fuerte polémica nacional y varias acciones judiciales que, incluso, han suspendido temporalmente los planes del Gobierno, que se justifican en contar con más de 5 billones de pesos para financiar obligaciones oficiales en el esquema de concesiones viales de cuarta generación (4G).